Bogotá, D. C., 15 de julio de 2026. Desde este 15 de julio, Colombia completa la implementación de la reducción gradual de la jornada laboral con la entrada en vigor del nuevo límite de 42 horas semanales, una medida contemplada en la Ley 2101 de 2021. El cambio representa uno de los ajustes más importantes en la legislación laboral de los últimos años y busca fortalecer el equilibrio entre la vida personal y el trabajo sin afectar el salario ni las prestaciones sociales de los trabajadores.
La reducción de la jornada no implica una disminución de la remuneración. Por el contrario, los empleados continuarán recibiendo el mismo salario mientras trabajan menos horas a la semana, lo que modifica el valor de la hora ordinaria y, por ende, el cálculo de horas extras, recargos nocturnos, trabajo dominical y festivo. La distribución de las 42 horas podrá acordarse entre empleadores y trabajadores en cinco o seis días, respetando las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.
La implementación de esta reforma se desarrolló de manera progresiva durante los últimos años. La jornada máxima pasó de 48 a 47 horas en 2023, luego a 46 horas en 2024, 44 horas en 2025 y finalmente llega a 42 horas semanales en 2026. De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, el objetivo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores y acercar la normativa colombiana a estándares internacionales en materia de empleo y bienestar laboral.
No obstante, la medida no aplica a todas las formas de vinculación laboral. La reducción cobija a quienes están contratados bajo el Código Sustantivo del Trabajo, mientras que las personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios, así como algunos servidores públicos y trabajadores con regímenes especiales o cargos de dirección, confianza y manejo, continuarán sujetos a las normas que regulan sus respectivos regímenes laborales.
Además de sus efectos para los trabajadores, la nueva jornada representa un reto para las empresas, que deberán ajustar turnos, procesos y esquemas de operación para cumplir con la norma. Mientras el Gobierno sostiene que la medida contribuirá a mejorar la productividad, el bienestar y la salud ocupacional, diversos gremios empresariales han advertido que también implicará mayores desafíos organizacionales y un incremento en algunos costos laborales asociados al trabajo suplementario.
