Mucho se dice del Chocó, pero poco se conoce de sus municipios. Uno de ellos es Nuquí, un territorio que llegó al imaginario de muchos colombianos gracias a la agrupación ChocQuibTown, cuyos videoclips mostraban un paisaje majestuoso de mar, selva y manglares, habitado por una comunidad alegre que canta, baila y se siente orgullosa de su riqueza natural y de las raíces de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Nuquí es un lugar para reconectar con el origen. No es casualidad que las ballenas jorobadas lo hayan elegido como uno de sus principales sitios de apareamiento y nacimiento. Cada año, cientos de turistas de diferentes países llegan para presenciar uno de los espectáculos naturales más extraordinarios del planeta: el salto de las ballenas, recorrer selvas y manglares que parecen infinitos y respirar un aire cuya pureza resulta cada vez más difícil de encontrar en las grandes ciudades.
Sin embargo, toda esa belleza se desvanece al recorrer el casco urbano, lejos de las playas frecuentadas por los visitantes. Allí, habitantes y comerciantes conviven diariamente con montones de residuos sólidos, plásticos, metales, escombros y desechos que se acumulan alrededor de las viviendas aledañas al mar.
A esta realidad se suma una problemática estructural aún más grave. Nuquí carece de un relleno sanitario, de un sistema de acueducto y de un alcantarillado que garanticen condiciones adecuadas de saneamiento básico para su población. Como consecuencia, gran parte de los residuos terminan enterrados en las playas del corregimiento de Tribugá, donde el paso del tiempo y las mareas los dejan nuevamente al descubierto, evidenciando la incapacidad de las administraciones para ofrecer una solución definitiva a una crisis ambiental y sanitaria que compromete la salud pública y los ecosistemas del municipio.
Durante años, Colombia ha construido un discurso ambicioso en torno a la protección ambiental. Se anuncian políticas de economía circular, transición ecológica y justicia climática. Sin embargo, en Nuquí esas promesas parecen quedarse escritas únicamente en los documentos oficiales. Mientras el país exhibe sus compromisos ambientales en escenarios nacionales e internacionales, el municipio continúa enterrando entre dos y tres toneladas diarias de residuos en fosas improvisadas.
No se trata únicamente de un problema técnico. Es cierto que Nuquí enfrenta enormes desafíos geográficos. La alta pluviosidad, la inestabilidad del terreno y las restricciones derivadas de la cercanía del aeropuerto han dificultado durante décadas la construcción de un relleno sanitario convencional. Pero esas condiciones son ampliamente conocidas desde hace años. Lo que hoy persiste ya no puede atribuirse exclusivamente a la geografía; responde, sobre todo, a la falta de voluntad política, de planeación y de capacidad institucional para implementar soluciones acordes con la realidad del territorio.
Cada marea alta hace visible esa ausencia. El océano devuelve la basura que alguna vez se intentó ocultar bajo la arena. La naturaleza termina exhibiendo aquello que las instituciones no han querido resolver. Mientras tanto, las consecuencias recaen sobre quienes menos responsabilidad tienen: pescadores que ven disminuir los recursos marinos, operadores turísticos que promocionan un destino amenazado por la contaminación y familias que conviven a diario con una crisis sanitaria que parece haberse normalizado.
La contradicción resulta imposible de ignorar. La legislación colombiana contempla herramientas para atender municipios con condiciones especiales. El programa Basura Cero, fortalecido mediante el Decreto 670 de 2025 y el Plan Nacional de Desarrollo, reconoce la necesidad de implementar modelos diferenciales para la gestión de residuos en territorios aislados. Incluso existe un proyecto financiado con recursos nacionales por 1.960 millones de pesos, destinado a fortalecer el manejo integral de los residuos sólidos en Nuquí. La pregunta es ¿dónde están los resultados de esa inversión? ¿Por qué la realidad sigue siendo exactamente la misma?
Existen regiones donde el Estado actúa con rapidez porque representan rentabilidad política o económica. Otras, como buena parte del Pacífico colombiano, parecen cobrar importancia únicamente cuando sirven para promocionar la riqueza natural del país o atraer visitantes.
Celebramos las fotografías de las ballenas, compartimos imágenes de playas paradisíacas y promocionamos la biodiversidad del Chocó como patrimonio de todos. Sin embargo, guardamos silencio cuando esas mismas playas se convierten en depósitos de basura por falta de decisiones públicas eficaces.
Nuquí no necesita más discursos. Necesita instituciones que funcionen, recursos ejecutados con transparencia, tecnologías adaptadas a las condiciones del territorio y una verdadera articulación entre el Gobierno nacional, las autoridades departamentales y municipales, los operadores turísticos, la empresa privada, la academia y la cooperación internacional.
Hoy el llamado no es únicamente a la Superintendencia de Servicios Públicos y al Ministerio de Vivienda para que ejerzan un control efectivo sobre los recursos destinados al municipio. También es un llamado al próximo Gobierno nacional, al Congreso de la República, al sector empresarial, a las organizaciones ambientales y a todos los ciudadanos que afirman defender la biodiversidad.
Porque proteger a Nuquí no consiste solamente en admirar sus paisajes o promocionar el avistamiento de ballenas. Significa asumir la responsabilidad colectiva de garantizar condiciones dignas para quienes habitan este territorio y de convertir los compromisos ambientales en acciones concretas. Nuquí merece algo más que diagnósticos y promesas. Merece que Colombia, por fin, se atreva a hacer algo diferente.
