La violencia desbordada que sacude a Colombia no es el resultado de hechos aislados ni de trágicas casualidades coyunturales; es la consecuencia predecible del repliegue deliberado de las fuerzas del orden. La secuencia diaria de atrocidades, desde la vil masacre perpetrada el pasado jueves 30 de julio de 2026 en la vereda Miraflores, en la vía Silvia–Totoró del Cauca, donde hombres armados atacaron con ráfagas de fusil al coronel retirado Libardo Osorio Sánchez, al mayor retirado Harold Sánchez Vergara y al mayor retirado Rodrigo Amórtegui mientras practicaban ciclismo, hasta el brutal atentado con camión bomba ejecutado este sábado 1 de agosto contra el Comando de Policía de Norte de Santander en Cúcuta, que dejó al menos diez personas heridas, evidencia el colapso absoluto de la política de seguridad nacional bajo el actual gobierno.
Bajo la entelequia de la denominada “Paz Total”, el gobierno de Gustavo Petro no implementó una estrategia de pacificación, sino un marco de capitulación sistemática. Al desarmar operativamente a las Fuerzas Militares y de Policía mediante ceses al fuego bilaterales asimétricos y concesiones injustificadas, el Ejecutivo entabló una alianza implícita, y en la praxis, explícita, con las estructuras del narcotráfico y las guerrillas. La omisión estatal se convirtió en complicidad funcional: mientras la infraestructura criminal del ELN y las disidencias del EMC se expandía sin tregua en zonas estratégicas como el Cauca y el Catatumbo, la Fuerza Pública fue condenada al inmovilismo institucional y los ciudadanos a la indefensión.
El principio hobbesiano del “monopolio de la violencia legítima” fue sustituido por una soberanía fragmentada. Al ceder corredores enteros al dominio militar de grupos ilegales, la administración saliente convirtió a las instituciones en espectadoras del terror. La detonación de carros bomba a pocos metros de la Central de Abastos y la sede policial en Cúcuta, sumada al acribillamiento en carretera de tres oficiales retirados, no son más que la constatación empírica de que la tolerancia estatal nutre la soberbia criminal.
Con el mandato popular obtenido en las urnas por el presidente electo Abelardo de la Espriella, se extingue la era de la contemplación. El gobierno entrante no solo asume una promesa de campaña; asume la obligación constitucional, ética e imprescriptible de restablecer el orden republicano y proteger la integridad territorial a través de la fuerza disuasiva de la patria.
La respuesta frente a los campamentos narcoterroristas que hoy devoran el país no puede ser la complacencia discursiva ni las mesas teatrales de negociación, sino la acción militar contundente y sin atenuantes. La doctrina del Derecho Internacional Humanitario autoriza con claridad absoluta el uso del máximo poder bélico del Estado contra «objetivos militares definidos» que ejercan hostilidades armadas contra la población y las instituciones. El bombardeo sistemático y la neutralización de estos reductos criminales no constituye una opción punitiva optativa, sino un imperativo legal para garantizar la supervivencia misma de la República.
Restablecer el imperio de la ley exige desmantelar de raíz las estructuras terroristas allí donde se esconden. La memoria de los oficiales asesinados en el Cauca, el dolor de los heridos por el coche bomba en Cúcuta y el clamor del pueblo colombiano demandan un viraje radical: el retorno irrestricto de la autoridad militar, el fin de la impunidad y la subordinación absoluta del crimen ante la soberanía indiscutible del Estado.
