La Defensoría del Pueblo presentó este 24 de agosto de 2026 el documento Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir, un diagnóstico que reúne indicadores sobre las principales dificultades que enfrenta el país en materia de derechos humanos.
El informe fue entregado por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, al nuevo Gobierno nacional y busca servir como una línea base para la formulación de políticas públicas, decisiones estatales y seguimiento de las condiciones que afectan a diferentes sectores de la población.
El documento organiza el panorama nacional en cinco grandes áreas: desigualdad y exclusión, violencia armada y paz, medioambiente, situación rural y derechos de campesinos y pueblos étnicos, además de pluralismo democrático y libertad de expresión.
La pobreza baja, pero las brechas permanecen
Uno de los datos destacados por la Defensoría muestra una reducción de la pobreza monetaria. En 2025 se ubicó en 28 %, después de haber llegado al 43,1 % en 2020. Sin embargo, el comportamiento de otros indicadores evidencia que la mejoría no se ha distribuido de manera uniforme.
En seguridad alimentaria, por ejemplo, la prevalencia en las cabeceras municipales pasó de 26,8 % en 2022 a 18,1 % en 2025. En las zonas rurales dispersas y centros poblados, la reducción fue mucho menor: de 32,5 % a 31,4 %.
El diagnóstico también registra dificultades en acceso efectivo a derechos fundamentales. Durante 2025 se presentaron 2.048.427 reclamos y 312.573 tutelas relacionadas con el derecho a la salud.
En educación básica y media, la cobertura neta pasó de 92,35 % en 2019 a 88,21 % en 2024, pese a que la deserción mostró una reducción frente a los niveles de 2022.
Violencia armada: 120 alertas siguen activas
El apartado de seguridad muestra uno de los escenarios más complejos. La Defensoría señala que actualmente existen 120 Alertas Tempranas territoriales, que abarcan 396 municipios y 15 territorios indígenas distribuidos en los 32 departamentos.
El organismo también identifica nuevas modalidades de violencia. Entre enero y mayo de 2026 fueron registrados 121 ataques con drones, que dejaron 21 personas muertas y 145 heridas. Las masacres también hacen parte del panorama. Entre 2019 y el 18 de julio de 2026 se contabilizaron 651 masacres con 2.380 víctimas.
Desplazamiento y reclutamiento siguen golpeando a las comunidades
El desplazamiento forzado continúa representando una de las principales afectaciones sobre la población civil. Entre 2017 y lo corrido de 2026 se registraron 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 394.839 personas. De ese total, en promedio, el 35,73 % de las víctimas pertenecía a pueblos étnicos.
La situación de niños, niñas y adolescentes también genera preocupación. La Defensoría reportó 682 casos de reclutamiento en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026. El organismo advierte, sin embargo, que la reducción registrada durante este periodo no necesariamente significa que el fenómeno haya disminuido, debido a las dificultades, temores y riesgos que enfrentan las víctimas y sus familias para denunciar.
En cuanto a los firmantes del Acuerdo de Paz, más de 11.000 personas continuaban en proceso de reincorporación a mayo de 2026. Desde 2017 se han reportado 521 homicidios de firmantes.
La deforestación también aparece entre las alertas
La situación ambiental ocupa otro de los capítulos del informe. Entre 2024 y 2025, la deforestación pasó de 113.608 a 119.483 hectáreas, un incremento del 5,2 %. La Amazonía colombiana concentró el 65 % de la deforestación nacional durante 2025.
La minería ilegal representa otra preocupación para las comunidades y los ecosistemas. Entre 2023 y 2026, la Defensoría emitió 34 Alertas Tempranas en las que identificó esta actividad como una economía de riesgo para comunidades y defensores de derechos humanos.
El informe también destaca el desafío de convertir en resultados concretos los compromisos derivados del Acuerdo de Escazú, especialmente en materia de acceso a información, participación y justicia ambiental.
Campo colombiano: concentración de tierras y avances en formalización
La radiografía muestra una marcada desigualdad en la distribución de la tierra rural. Según las cifras incluidas por la Defensoría, el Gini de propiedad rural alcanza 0,89, mientras que el 1 % de los mayores propietarios concentra el 45 % de la tierra rural.
Al mismo tiempo, el informe registra avances en formalización. Entre 2022 y junio de 2026 fueron formalizadas 2.284.304 hectáreas, mientras que entre 2022 y 2025 se constituyeron 21 Zonas de Reserva Campesina.
En restitución de tierras, entre 2022 y junio de 2026 se ordenó restituir 455.275 hectáreas, pero solo 60.604 habían sido entregadas. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito registra 99.097 familias campesinas y étnicas inscritas, aunque apenas el 11 % había recibido la totalidad de los apoyos destinados a proyectos productivos de ciclo largo.
Líderes sociales y periodistas siguen en riesgo
El escenario democrático tampoco escapa a las alertas. Los eventos de conflictos sociales manifiestos aumentaron de 1.426 en 2022 a 4.039 en 2025. La Defensoría aclara que estas expresiones hacen parte del ejercicio de derechos como la reunión, la expresión y la manifestación, pero plantea la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para responder mediante el diálogo y garantizar esos derechos.
Uno de los datos más graves corresponde a quienes defienden los derechos humanos: entre 2016 y junio de 2026 fueron asesinadas 1.743 personas lideresas y defensoras de derechos.
La libertad de prensa también enfrenta un escenario complejo. La FLIP registró 711 agresiones contra periodistas entre enero de 2025 y el 15 de julio de 2026, incluidas 275 amenazas. Además, entre 2020 y 2026 fueron asesinados 12 periodistas, dos de ellos durante 2026.
Un diagnóstico para las decisiones del nuevo Gobierno
La Defensoría plantea que el documento no debe entenderse únicamente como un inventario de problemas, sino como una línea base para medir la evolución de los derechos humanos durante el nuevo periodo presidencial.
La radiografía muestra un escenario con resultados positivos en algunos indicadores, pero también con problemas estructurales que permanecen: desigualdad territorial, violencia contra comunidades, desplazamiento, amenazas a líderes sociales, presión sobre los ecosistemas, concentración de la tierra y riesgos para la libertad de prensa.
El desafío para el nuevo Gobierno será convertir estas cifras en decisiones concretas y, sobre todo, lograr que los avances lleguen a los territorios y poblaciones que todavía enfrentan las mayores brechas.
La Defensoría anunció que continuará haciendo seguimiento a estos indicadores para evaluar cómo evolucionan las principales problemáticas que afectan a la población colombiana.
