El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó al Gobierno de Abelardo de la Espriella y a las Fuerzas Militares suspender las operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos en los que exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de menores de edad reclutados o utilizados por grupos armados.
La decisión fue adoptada tras admitir una acción de tutela en la que se solicitó, entre otras medidas, frenar este tipo de operaciones cuando exista información sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes. El despacho judicial estableció que las autoridades deberán abstenerse de ejecutar los bombardeos hasta que se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias.
Según el fallo, antes de realizar una operación deberá determinarse, con base en la información disponible y los protocolos operacionales, que no existe una alternativa menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo. La orden busca garantizar la protección de los menores y el cumplimiento de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos en el Derecho Internacional Humanitario.
El juzgado también ordenó a las autoridades adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de la determinación, teniendo en cuenta el interés superior y la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como las obligaciones constitucionales e internacionales de protección de la niñez en contextos de conflicto armado.
La acción de tutela fue presentada contra el presidente Abelardo de la Espriella; el ministro de Defensa, Jorge Mora; el ministro del Interior, Rodrigo Lara; el comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez; el comandante del Ejército, general José Bertulfo Soto; el comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Juan Jaime Martínez, y el comandante de la Armada, vicealmirante Javier Alfonso Jaime.
La decisión judicial se conoce en medio de la controversia generada por la muerte de al menos cuatro menores de edad en dos bombardeos realizados durante el actual Gobierno. El primero ocurrió el 10 de agosto en el Catatumbo, donde murió un menor de 16 años. El segundo se registró el 27 de agosto en el departamento del Guaviare, durante la Operación Amón contra una estructura de las disidencias de las Farc, y dejó tres menores muertos, de 15 y 16 años.
Tras la operación en Guaviare, el ministro de Defensa, Jorge Mora, defendió la actuación de las Fuerzas Militares y aseguró que se cumplieron los estándares legales para el planeamiento y ejecución de la ofensiva. Según explicó, el objetivo era una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, liderada por alias Cotiz, y en el operativo murieron 10 personas que, de acuerdo con la versión oficial, eran combatientes.
Frente a la presencia de menores entre las víctimas, el jefe de la cartera de Defensa sostuvo que el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. También atribuyó la responsabilidad de estos hechos a los grupos armados que reclutan menores y señaló que esta conducta está tipificada como delito en Colombia.
Con la nueva orden judicial, el Gobierno y las Fuerzas Militares deberán reforzar los mecanismos de verificación y precaución antes de adelantar operaciones aéreas contra estructuras armadas en zonas donde pueda existir presencia de menores. La decisión pone nuevamente en el centro del debate el equilibrio entre las operaciones militares contra grupos armados y la obligación estatal de proteger a los niños, niñas y adolescentes vinculados al conflicto.
