La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la manera en que fueron presentados públicamente los resultados de la operación “Azarías”, desarrollada en el Guaviare, en la que, según el reporte oficial, murieron 23 integrantes de estructuras de alias “Iván Mordisco”. El organismo señaló que, de acuerdo con Medicina Legal, entre las personas fallecidas había dos menores de edad.
El pronunciamiento se produjo luego de que el presidente de la República fuera visto caminando entre cuerpos ubicados en tulas blancas durante la presentación de los resultados de la operación.
La Defensoría aclaró que su reflexión no cuestiona por sí misma las operaciones legítimas de la Fuerza Pública ni desconoce el deber del Estado de enfrentar a los grupos armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, hizo énfasis en la manera en que el poder estatal ejerce y comunica sus acciones.
“El Estado no puede competir en crueldad con los grupos armados”
Para la entidad, Colombia lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de violencia, conflicto armado y criminalidad organizada, en los que la muerte de civiles y combatientes ha sido una constante.
No obstante, advirtió que el Estado no puede adoptar las mismas lógicas de los grupos armados que combate.
“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, señaló la Defensoría, al advertir que las instituciones no deben disputar con los actores armados quién produce más miedo, humilla más al adversario o convierte la muerte en una demostración de poder.
El organismo recordó que el Estado tiene la obligación de proteger a la población y combatir a los grupos armados dentro de los límites establecidos por la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario.
Derecho a la vida y límites de las operaciones militares
La Defensoría recordó que la Constitución colombiana reconoce la vida como un derecho fundamental, inviolable y de aplicación inmediata, que no puede ser suspendido ni siquiera durante los estados de excepción.
Sin embargo, también precisó que el derecho a la vida no es absoluto. El ordenamiento jurídico contempla circunstancias excepcionales, como la legítima defensa o las acciones militares contra combatientes en el marco de un conflicto armado, siempre que se respeten principios como la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.
En ese sentido, la entidad sostuvo que una operación militar puede implicar legítimamente la pérdida de vidas, pero esto no significa que la muerte deba convertirse en un resultado deseable o en un elemento de exhibición pública.
“Incluso en la guerra existen límites. Los muertos deben ser respetados y tratados dignamente”, enfatizó.
Defensoría alerta sobre medir la seguridad únicamente por las bajas
Otro de los puntos de preocupación planteados por la Defensoría fue la existencia de un portal denominado “Las bajas del Tigre”, cuya oficialidad, según el organismo, no ha sido confirmada.
La plataforma contabilizaría muertos y otros resultados operacionales registrados desde la posesión del nuevo presidente.
La Defensoría pidió cautela frente a este tipo de indicadores y recordó que Colombia ya vivió las consecuencias de una política en la que los resultados militares fueron evaluados principalmente a partir del número de bajas en combate.
En ese contexto, mencionó los llamados “falsos positivos”, hechos que actualmente son objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La entidad aclaró que esta referencia no implica afirmar que los cuerpos de la operación “Azarías” respondan a esa lógica, pero insistió en la necesidad de construir indicadores de seguridad más amplios, que permitan medir resultados en términos de derechos garantizados y vidas salvadas, especialmente entre la población civil.
“La muerte no puede convertirse en una forma de exhibir autoridad”
Para la Defensoría, la forma en que las instituciones públicas presentan sus resultados también tiene consecuencias sobre la legitimidad del Estado.
El organismo consideró que las imágenes y palabras de quienes ejercen el poder público tienen un peso simbólico y que no debería normalizarse que los cuerpos de personas fallecidas sean utilizados como parte de la escenografía de una declaración oficial.
“El poder del Estado no se mide únicamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino por los símbolos con los que se presenta ante la sociedad”, sostuvo.
La Defensoría advirtió que cuando el poder simbólico del Estado se utiliza para el espectáculo o la humillación, puede terminar erosionando la autoridad institucional, pues la legitimidad —señaló— no se construye a partir del miedo, sino de la confianza que las instituciones son capaces de generar.
Finalmente, el organismo sostuvo que el Estado no necesita parecerse a los grupos que combate para demostrar fortaleza.
Su autoridad, afirmó, debe expresarse en la capacidad de enfrentar a quienes amenazan a la población, pero manteniendo los límites establecidos por la Constitución, la ley y la dignidad humana.
“Defender la dignidad cuando se trata de quienes consideramos adversarios es, precisamente, cuando demostramos que la dignidad humana es un principio y no solo una declaración”, concluyó la Defensoría.
