El Ministerio de Salud y Protección Social, en cabeza de la ministra Ana María Vesga, puso en marcha un plan de choque para frenar presuntas irregularidades fiscales, administrativas y posibles actos de corrupción identificados en la cartera. La funcionaria aseguró que los recursos destinados a la salud deben estar dirigidos a garantizar la atención de los colombianos.
“Los recursos de la salud no son la caja menor de funcionarios, contratistas, intermediarios ni políticos. Son de los hospitales, los medicamentos, los médicos, las enfermeras y los millones de colombianos que esperan ser atendidos”, afirmó Vesga.
De acuerdo con el Ministerio, una opinión contable negativa de la Contraloría permitió identificar una brecha cercana a los $2,9 billones entre compromisos y giros efectivos, además de 108 proyectos por más de $365.000 millones que no contaban con registro presupuestal. Ante esta situación, la entidad decidió suspender temporalmente contrataciones, convenios y prórrogas para revisar el destino de los recursos.
De manera paralela, el Ministerio de Salud presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para esclarecer unos audios en los que, según la entidad, personas ajenas a la administración estarían exigiendo comisiones del 8 % a nombre de la ministra y de su equipo.
La cartera aseguró que mantendrá una política de cero tolerancia frente a la intermediación y el cobro de porcentajes relacionados con los recursos públicos de la salud. Para ello, anunció la continuidad de auditorías sobre los proyectos con el propósito de fortalecer los controles y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos.
La ministra reiteró que el objetivo de las medidas es proteger los recursos públicos y evitar que sean utilizados para intereses particulares. El Ministerio señaló que, de encontrarse responsabilidades, se adelantarán las acciones correspondientes ante las autoridades competentes.
