El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció la radicación de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría por presuntas irregularidades en contratos de la Dirección Nacional de Bomberos durante la pasada administración. Según explicó el funcionario, las contrataciones bajo revisión podrían superar los $62.000 millones y estarían relacionadas con el uso de una urgencia manifiesta declarada durante una emergencia invernal.
De acuerdo con Lara, en febrero de este año un frente frío provocó inundaciones en ocho departamentos —Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó—, afectando a unas 250.000 personas. En ese contexto se declaró una emergencia por 30 días y, posteriormente, la Dirección de Bomberos habría utilizado la figura de urgencia manifiesta para realizar contrataciones directas. El ministro señaló que de los $42.000 millones contratados bajo esa figura, solo $313 millones habrían sido destinados directamente a atender las inundaciones.
Lara aseguró que el resto de los recursos se habría utilizado para adquirir elementos como trajes para incendios, equipos de respiración y materiales para atender sustancias peligrosas. Aunque estos equipos son necesarios para los cuerpos de bomberos, el ministro cuestionó que fueran adquiridos bajo una urgencia manifiesta cuyo argumento era atender una emergencia ocasionada por inundaciones. Según su explicación, este aspecto hace parte de los elementos que deberán ser revisados por las autoridades competentes.
Uno de los casos señalados corresponde al contrato 076, suscrito con la empresa McKay Soluciones, de Barranquilla. Según la auditoría forense ordenada por el Ministerio del Interior, el contrato comenzó por $16.000 millones y posteriormente llegó a $24.000 millones. Lara cuestionó además que el contrato se hubiera firmado seis semanas después de declarada la urgencia, cuando, según su versión, la emergencia ya había terminado, y que se estableciera un plazo de 90 días para la entrega de los equipos.
Otro de los hallazgos expuestos por el ministro está relacionado con las cantidades facturadas y recibidas. Según Lara, en una primera factura se cobraron 744 equipos, mientras que al almacén de Bomberos habrían ingresado solamente 670. También señaló que los pagos y la expedición de las facturas más cuantiosas se produjeron durante el periodo de vigencia de la Ley de Garantías Electorales, un asunto que, de acuerdo con el Gobierno, deberá ser revisado por las autoridades de control.
El Ministerio del Interior indicó que la revisión no se limita al contrato de $24.000 millones. Lara aseguró que existen otros tres contratos suscritos bajo una modalidad similar y que actualmente son objeto de auditoría, por un monto adicional de aproximadamente $42.000 millones, con lo que la revisión abarcaría contratos por cerca de $62.000 millones. El funcionario pidió a la Fiscalía, los organismos de control, el Consejo Nacional Electoral y la UIAF determinar el destino de los recursos y establecer si existieron responsabilidades.
Lara enfatizó que las conclusiones sobre eventuales responsabilidades aún corresponden a las autoridades encargadas de las investigaciones. “Yo no puedo hacer afirmaciones aquí de lo que todavía no está plenamente probado”, manifestó el ministro al referirse al destino de los recursos. Las denuncias presentadas abren ahora el camino para que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría determinen si las inconsistencias advertidas en la auditoría constituyen responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.
