La defensora del Pueblo alertó sobre el deterioro de la seguridad en Norte de Santander y pidió a la Fiscalía profundizar en las posibles relaciones entre estructuras criminales, economías ilegales y sectores políticos. El llamado se produjo tras el asesinato del exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales para que investiguen a profundidad las posibles redes de corrupción y los presuntos nexos entre grupos armados ilegales y sectores políticos en Cúcuta y el departamento de Norte de Santander. La funcionaria advirtió que el control territorial ejercido por las organizaciones criminales requiere esclarecer si existen dinámicas de complicidad o complacencia que faciliten sus operaciones.
El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en medio de la crisis de orden público que afecta a la región fronteriza y tras el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, mayor retirado de la Policía Nacional y quien había manifestado su intención de aspirar a la Alcaldía de la ciudad.
Marín insistió en que la capacidad de las estructuras criminales para ejercer control sobre una capital departamental debe ser objeto de una investigación judicial exhaustiva. “En las alertas lo que digamos es claro es un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales a que investiguen las redes de corrupción que pueden llegar a tener estos grupos, porque generalmente estos grupos armados no pueden tener un control y un dominio tan importante en los territorios”, afirmó.
La defensora también subrayó la necesidad de analizar de manera integral las condiciones que permiten la expansión de estas organizaciones. “Todo este contexto tiene que ser investigado y entendido a profundidad porque hace parte de las posibilidades que tienen las redes de grupos armados y criminalidad organizada para tener control y capacidad de hacer daño”, sostuvo.
Cúcuta, una ciudad de alto riesgo para la política y el periodismo
La situación de seguridad en Cúcuta y municipios cercanos, como Villa del Rosario y Los Patios, está marcada por la presencia de organizaciones armadas ilegales, estructuras de crimen organizado y disputas por el control de economías ilícitas. A este escenario se suma la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, intensificada desde enero de 2025.
La ubicación fronteriza con Venezuela también representa un factor relevante en las dinámicas de criminalidad, debido a las disputas por rutas de contrabando y otras actividades ilegales. En este contexto, las autoridades enfrentan el desafío de esclarecer cómo operan las estructuras criminales y qué condiciones les permiten mantener su influencia en el territorio.
Marín advirtió que los riesgos no se limitan a la población en general, sino que afectan de manera particular a quienes ejercen actividades políticas, periodísticas y de liderazgo social. “Cúcuta se ha convertido desde hace ya muchos años en una ciudad muy insegura para hacer política, para hacer periodismo, para los liderazgos sociales y en el fondo pues hay también estas redes relacionadas con economías ilegales”, manifestó.
Asesinato de Miguel Castellanos agrava la preocupación por la seguridad
El llamado de la defensora del Pueblo se produjo después del homicidio de Miguel Castellanos, cuyo asesinato es objeto de investigación por parte de las autoridades. El exfuncionario, además de su trayectoria en la administración municipal y en la Policía Nacional, había expresado su interés en participar en la contienda electoral por la Alcaldía de Cúcuta.
Este crimen se suma a otros hechos violentos registrados en la zona, entre ellos un ataque sicarial ocurrido horas antes y la explosión de un artefacto cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander. Estos episodios han incrementado la preocupación por la seguridad en la capital nortesantandereana y su área metropolitana.
La violencia también ha golpeado al periodismo regional. La defensora recordó el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta y alertó sobre las condiciones de riesgo que enfrentan quienes desarrollan labores informativas en la ciudad. La situación plantea nuevos desafíos para la protección de la libertad de prensa y el ejercicio de la labor periodística.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de que las autoridades judiciales investiguen de manera integral las estructuras criminales, sus fuentes de financiación y sus posibles vínculos con redes de corrupción. El esclarecimiento de estos hechos será clave para determinar responsabilidades y fortalecer las medidas de protección para dirigentes políticos, periodistas y líderes sociales en Norte de Santander.
