La Contraloría General de la República emitió una Advertencia Especial al Ministerio de Salud y Protección Social por los riesgos identificados en la ejecución de recursos públicos destinados a infraestructura hospitalaria. El organismo de control encontró que, con corte al 30 de junio de 2026, la cartera registraba $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes de legalización, una situación que evidencia debilidades en los mecanismos de seguimiento y control.
La advertencia se fundamenta en el seguimiento realizado durante el primer semestre de 2026 por la Contraloría Delegada para el Sector Salud. Como parte de la revisión, el organismo examinó una muestra de 40 proyectos de infraestructura y dotación de equipos médicos, financiados entre 2022 y 2025, que recibieron asignaciones por un total de $1,03 billones.
De los proyectos evaluados, 22 presentan retrasos o suspensiones y comprometen recursos por $541.194 millones, equivalentes al 52,77 % del valor de la muestra. Estas situaciones fueron identificadas como factores que requieren especial vigilancia fiscal, debido a los riesgos que representan para la ejecución de las inversiones públicas destinadas al fortalecimiento de la red hospitalaria.
Uno de los indicadores que más preocupa a la Contraloría es que solo el 1,61 % de los recursos asignados entre 2022 y 2025 corresponde a proyectos reportados como terminados. El contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, advirtió sobre el riesgo de pérdida de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) por las demoras, suspensiones y deficiencias en el seguimiento de las obras.
Deficiencias en estudios, diseños y ejecución de las obras
Entre los principales problemas identificados por el organismo de control se encuentran fallas en los estudios y diseños iniciales, modificaciones en el alcance de los proyectos, mayores cantidades de obra, actividades que no estaban contempladas y presupuestos insuficientes para completar las intervenciones.
A estas dificultades se suman debilidades en la trazabilidad de los recursos públicos y diferencias entre las obras ejecutadas y los proyectos que inicialmente habían sido viabilizados. Según la Contraloría, estas situaciones pueden generar incrementos en los costos, retrasos en los cronogramas y afectar la funcionalidad de la infraestructura hospitalaria.
El organismo de control también señaló que la ejecución presupuestal debe traducirse en resultados concretos para la población. Por ello, insistió en que no basta con comprometer recursos o finalizar construcciones: las inversiones deben garantizar hospitales en funcionamiento y servicios de salud efectivos.
Contraloría mantendrá vigilancia sobre los recursos
La Contraloría anunció que continuará con el seguimiento a la ejecución de los recursos destinados a infraestructura y dotación hospitalaria, con el propósito de anticipar riesgos, prevenir posibles pérdidas de dinero público y verificar que las inversiones cumplan los objetivos para los cuales fueron aprobadas.
La Advertencia Especial pone el foco en la necesidad de fortalecer los controles sobre las transferencias realizadas por el Ministerio de Salud y mejorar la supervisión técnica, administrativa y financiera de los proyectos.
El desafío, según el organismo de control, es que los recursos públicos destinados al sector salud se conviertan en infraestructura funcional, mejores condiciones de atención y mayor capacidad de respuesta para los pacientes en las diferentes regiones del país.
