Miércoles, 18 de noviembre de 2026
18 de noviembre de 2026, 11:23 am
Nacional

Corte Constitucional tumbó dos restricciones a las encuestas electorales en Colombia: estos son los cambios

El tribunal consideró que, aunque la cercanía de las elecciones puede justificar restricciones para evitar que las encuestas incidan en la decisión final de los votantes, esa preocupación no permite bloquear las mediciones durante una parte extensa del calendario electoral.

Corte Constitucional tumbó dos restricciones a las encuestas electorales en Colombia: estos son los cambios

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Karen Rojas

Karen Rojas

Periodista

18.11.2026 11:23 am | Actualizado: 18.11.2026 10:24 am

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La Corte Constitucional eliminó dos restricciones de la Ley 2494 de 2025 que regulaba las encuestas electorales en Colombia. Con la decisión, las firmas encuestadoras podrán medir y divulgar la intención de voto sin esperar a los tres meses previos a la inscripción de candidaturas y el Consejo Nacional Electoral (CNE) no podrá exigir información que permita identificar a las personas consultadas.

La determinación quedó consignada en la sentencia C-168 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Meneses. Aunque el fallo fue conocido públicamente el martes 17 de noviembre, corresponde a una decisión adoptada el 3 de junio de este año. En su análisis, el alto tribunal concluyó que las disposiciones cuestionadas afectaban derechos como la libertad de información, la intimidad y el hábeas data.

Uno de los cambios más importantes tiene que ver con el momento en que pueden realizarse y publicarse las encuestas de intención de voto. La Corte retiró la disposición que impedía divulgar este tipo de mediciones hasta los tres meses anteriores al inicio del periodo de inscripción de candidaturas. Para los magistrados, esa prohibición generaba un periodo de silencio informativo demasiado amplio durante la etapa preelectoral y limitaba el acceso de la ciudadanía a información sobre las preferencias políticas.

El tribunal consideró que, aunque la cercanía de las elecciones puede justificar restricciones para evitar que las encuestas incidan en la decisión final de los votantes, esa preocupación no permite bloquear las mediciones durante una parte extensa del calendario electoral. En su lugar, señaló que los posibles efectos de estos estudios deben enfrentarse con información verificable, rigor estadístico y diversidad de fuentes, en vez de limitar de manera general su circulación.

La segunda modificación está relacionada con los datos personales de quienes participan en las encuestas. La norma exigía a las empresas entregar al CNE los números telefónicos utilizados en los sondeos telefónicos y un código que permitiera reproducir la selección de participantes en las muestras realizadas en hogares. La Corte concluyó que el organismo electoral puede ejercer sus funciones de vigilancia sin acceder a información que permita relacionar la identidad de una persona con sus preferencias políticas.

En ese sentido, el fallo advirtió que exigir esos datos podía afectar el anonimato de los encuestados, pues sus opiniones sobre asuntos electorales constituyen información sensible. Además, consideró que los números telefónicos aportaban poco a la confiabilidad de las mediciones y que la auditoría puede realizarse mediante información anonimizada y los demás soportes técnicos exigidos a las firmas.

La decisión no elimina las obligaciones de calidad y transparencia que deben cumplir las encuestadoras. El CNE conserva sus facultades de inspección y vigilancia, así como la posibilidad de revisar los procedimientos y soportes técnicos de los estudios, pero deberá hacerlo sin acceder a datos que permitan identificar a los participantes. El magistrado Vladimir Fernández presentó una discrepancia parcial frente a este punto, al considerar que el organismo electoral debía conservar acceso a ciertos elementos para detectar posibles irregularidades en la selección de las muestras.

Con este fallo, la Corte busca equilibrar el acceso a información política durante los procesos electorales con la protección de la privacidad de los ciudadanos. Los cambios tendrán incidencia en la manera en que se realizan y supervisan las encuestas en Colombia de cara a los próximos comicios.