El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, cuestionó el manejo que tuvo el proyecto del Escudo Nacional Antidrones durante el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que una circular expedida el 31 de marzo de 2026 impidió que las unidades militares adquirieran directamente equipos para neutralizar aeronaves no tripuladas. Según el funcionario, la medida centralizó las compras en una iniciativa nacional que nunca llegó a concretarse.
La denuncia fue presentada el 17 de noviembre, durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Ante los congresistas, Mora afirmó que la circular bloqueó la adquisición de inhibidores mientras avanzaba la evaluación tecnológica del proyecto. “El 31 de marzo de 2026 sacaron una circular que bloqueó la compra directa de sistemas antidrones para poder alimentar el escudo antidrones, que jamás se concretó”, manifestó.
El ministro también cuestionó los resultados de la iniciativa, impulsada a comienzos de 2026 por el entonces jefe de la cartera de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y cuyo costo global se estimó en $6,2 billones. El plan contemplaba integrar radares, mecanismos de detección y sistemas de inhibición para identificar y neutralizar drones utilizados como amenaza contra la Fuerza Pública. “Yo lo bauticé como un espejismo tecnológico y el balance es que ahí lo que hubo fue un turismo burocrático”, expresó Mora.
De acuerdo con el actual ministro, al asumir el cargo encontró un proceso sin contratos adjudicados, ejecución presupuestal ni una alternativa tecnológica que pudiera responder a las necesidades operacionales del país. También señaló que la evaluación de 22 compañías extranjeras en 12 países no permitió identificar una solución aplicable. Mora agregó que el proceso tuvo un cierre técnico mediante una resolución expedida el 14 de agosto de 2026 y cuestionó que los recursos previstos para la primera fase, inicialmente cercanos a $1 billón y posteriormente ajustados a $800.000 millones, no se ejecutaran.
Frente a estos señalamientos, el exministro Pedro Sánchez defendió las decisiones adoptadas durante su administración y negó que la ausencia de contratos respondiera a una falta de gestión. Según explicó, durante siete meses se adelantó un ejercicio de vigilancia tecnológica con la participación de 119 empresas de 21 países. Las alternativas fueron sometidas a evaluaciones dentro y fuera de Colombia, pero ninguna cumplió integralmente los requisitos operacionales establecidos por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Sánchez sostuvo que contratar equipos sin superar esas evaluaciones habría dejado vacíos de capacidad y riesgos de integración, operación y sostenimiento. Por esa razón, aseguró que no se firmaron contratos ni se comprometieron recursos. También indicó que el Ministerio de Hacienda no transfirió los fondos previstos para la primera fase porque no se encontró una solución tecnológica que cumpliera las condiciones necesarias para avanzar a la contratación.
La controversia se presenta en medio de la preocupación por el aumento de ataques con drones cargados con explosivos. El 7 de noviembre de 2026, un ataque contra el cantón militar de Santa Rosa, en Bolívar, dejó tres militares muertos y 47 heridos. Además, cifras de la Fundación Ideas para la Paz citadas por El Espectador registraron 119 ataques con drones en 2024, 277 en 2025 y 351 hasta el 2 de noviembre de 2026. El balance reportado para ese periodo fue de 401 integrantes de la Fuerza Pública heridos y 24 muertos por este tipo de acciones.
Así, el debate sobre el Escudo Nacional Antidrones enfrenta dos explicaciones: Mora atribuye a la circular del gobierno anterior el bloqueo de compras directas que, según él, necesitaban las tropas, mientras Sánchez sostiene que no era responsable contratar equipos que no habían demostrado cumplir las exigencias técnicas. Entretanto, la amenaza de los drones continúa presionando la capacidad de respuesta de las Fuerzas Militares.