BOGOTÁ, Colombia – La contienda electoral de 2026 ha sumado un nuevo capítulo jurídico tras la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá de imponer medidas cautelares que prohíben, de manera provisional, el uso de ciertos símbolos patrios, consignas y elementos visuales en la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. En respuesta, la defensa del aspirante ha interpuesto una acción de tutela con el objetivo de revocar la restricción, alegando una vulneración de los derechos fundamentales a la libre expresión y a una competencia electoral equitativa.
El centro del debate: ¿Límites a la propaganda o censura?
La medida cautelar, originada por una tutela presentada por un ciudadano, ordena el desmonte en un plazo de 24 horas de material publicitario que incluya:
Símbolos nacionales: Uso de la bandera, escudo y colores de la República.
Consignas: Específicamente las frases “Firmes por la patria” y “Defensores de la patria”.
Imágenes institucionales: Emblemas, saludos y alusiones a las Fuerzas Militares y de Policía.
El fallo, que también alcanza a medios de comunicación y plataformas digitales en cuanto a la difusión de estas piezas, ha generado una intensa reacción. Mientras que el tribunal argumentó en su momento que la decisión busca garantizar el ejercicio libre e informado del sufragio sin utilizar símbolos de identidad nacional que pertenezcan a todo el Estado, sectores jurídicos han manifestado su preocupación.
Voces en contra de la medida
Organizaciones como el Colegio Colombiano de Juristas han calificado la providencia como “preocupante”, señalando que una medida de tal alcance, tomada a escasos días de la segunda vuelta presidencial, requiere un rigor jurídico excepcional y un juicio de proporcionalidad que, según los críticos, no se evidenció con la claridad necesaria.
Por su parte, Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional —partido que coavala la candidatura de De la Espriella—, rechazó enfáticamente la prohibición, calificándola como un intento de limitar la libertad de expresión y las convicciones políticas del candidato. La defensa sostiene que la restricción altera las condiciones de la competencia electoral al obligar al desmonte del nombre mismo de su grupo significativo, “Defensores de la Patria”.
¿Qué sigue en el proceso?
La tutela interpuesta por la campaña busca que un juez constitucional superior revise la proporcionalidad de la medida y revoque la orden de desmonte. Por ahora, el debate se traslada a la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre si el uso de estos elementos constituye una ventaja indebida o si, por el contrario, la restricción vulnera el derecho del ciudadano a expresar sus convicciones y el derecho del elector a conocer las propuestas sin limitaciones que, a juicio de la defensa, rayan en la censura.
