BOGOTÁ.— Con el respaldo mayoritario del Senado, el Congreso de la República aprobó este 10 de junio el proyecto de ley que establece, por primera vez en Colombia, un marco jurídico específico y una política pública integral para prohibir y sancionar la mutilación genital femenina (MGF). Esta legislación marca un avance decisivo en la protección de los derechos humanos y la integridad física de las niñas, especialmente dentro de comunidades étnicas donde se ha documentado esta práctica, posicionando al país a la vanguardia en la adopción de protocolos específicos y diferenciados para su erradicación.
La nueva norma responde a la urgencia de proteger a la niñez frente a una vulneración que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogan como una violación grave de los derechos humanos. Según datos documentados entre 2020 y 2025, se han registrado más de 200 casos de esta práctica en el país, concentrados principalmente en los departamentos de Risaralda y Chocó. Ante esta realidad, la ley busca trascender la prohibición genérica y establecer mecanismos claros de prevención en territorios con particularidades culturales.
La ley destaca por su enfoque integral, el cual incluye:
- Estrategias interculturales: Procesos de sensibilización y diálogo concertados con las autoridades indígenas, priorizando la protección de la vida y salud de las niñas.
- Rutas de atención: Creación de protocolos específicos en salud y servicios sociales para atender a víctimas o personas en riesgo, con un enfoque de derechos humanos y género.
- Capacitación institucional: Formación obligatoria para profesionales de la salud en la identificación y atención oportuna de posibles casos.
“Esta aprobación es el resultado de años de esfuerzo articulado. No solo se trata de sancionar, sino de transformar prácticas mediante un diálogo que protege la integridad y el bienestar de nuestras niñas, respetando la diversidad en el marco de la protección de la vida”. — Voceros de organizaciones impulsoras de la ley.
El éxito de esta iniciativa legislativa refleja una articulación entre el Estado y los pueblos indígenas, buscando equilibrar el respeto por la autonomía territorial con el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de protección a la infancia. El proyecto superó sus últimos debates en medio de un llamado urgente de diversas organizaciones de derechos humanos que alertaban sobre la necesidad de asegurar su aprobación antes del cierre del periodo legislativo.
Con este avance, Colombia fortalece su capacidad de abordar violencias de género mediante políticas públicas basadas en el enfoque diferencial. Tras la próxima sanción del Ejecutivo, el Gobierno Nacional tendrá la responsabilidad de implementar el Comité Nacional para la Erradicación de la MGF y poner en marcha los mecanismos de seguimiento, iniciando así una nueva etapa de protección institucional para la niñez en las comunidades afectadas.
