Bogotá, Colombia. El reciente ataque contra Cleiner Almanza, reconocida lideresa social de los Montes de María y mujer buscadora de víctimas de desaparición forzada, generó una contundente reacción del Gobierno nacional. El Ministerio de Justicia rechazó los hechos de violencia y pidió a las autoridades actuar con rapidez para identificar y judicializar a los responsables, al tiempo que exigió medidas efectivas de protección para la defensora de derechos humanos.
La cartera de Justicia señaló que Almanza participó en la construcción del Decreto 063 de 2026, normativa que reglamenta la Ley de Mujeres Buscadoras y fortalece las garantías para quienes dedican su vida a la búsqueda de familiares desaparecidos. El ministro Jorge Iván Cuervo afirmó que atacar a una mujer buscadora representa un golpe contra la verdad, la memoria y la dignidad de miles de familias que aún esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
El caso ha despertado preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) denunció que las agresiones contra mujeres buscadoras constituyen una amenaza directa contra el derecho a la verdad y recordó que estas lideresas cuentan con reconocimiento legal como sujetas de especial protección constitucional. Por su parte, Amnistía Internacional solicitó una investigación pronta, exhaustiva y efectiva de los hechos denunciados.
La situación reabre el debate sobre la seguridad de líderes sociales, defensoras de derechos humanos y víctimas que participan en procesos de memoria, verdad y búsqueda en Colombia. Diversas organizaciones han advertido que las mujeres buscadoras continúan enfrentando amenazas, estigmatización y riesgos extraordinarios en distintas regiones del país, especialmente en territorios afectados por el conflicto armado.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso de Cleiner Almanza se ha convertido en un símbolo de las dificultades que enfrentan quienes buscan a los desaparecidos en Colombia. La exigencia de justicia, protección y garantías para las mujeres buscadoras vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional, en momentos en que el país continúa enfrentando los desafíos de la reparación, la memoria y los derechos humanos.
