El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Fundación Colombia 2050 (FC2050) aseguraron que las advertencias sobre la presión de grupos armados ilegales en el proceso electoral “sí se materializaron” durante la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo. Así lo concluye el informe de la Veeduría Entorno Electoral 2026, que identificó 361.313 votos emitidos en 504 puestos de votación considerados de máxima criticidad por la coincidencia de anomalías electorales y riesgo territorial asociado al control de estructuras armadas ilegales.
El estudio combina un análisis cualitativo y cuantitativo basado en testimonios de veedores, información territorial y datos de la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo. Entre los hallazgos se documentan casos de autocensura, restricciones de movilidad, control territorial, exigencia de permisos informales y el uso del certificado electoral como mecanismo de presión o comprobación del voto en municipios como Cartagena del Chairá, El Tambo, Anorí y Barranquilla. “Reducir la libertad del voto a que los puestos hayan abierto o el voto sea secreto dentro de la urna desconoce cómo opera la coacción en los territorios”, afirmó el director ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón.
El informe señala que fueron identificados 1.543 puestos con señales de anomalía electoral, de los cuales 584 cumplen los criterios para ser remitidos a las autoridades por presentar simultáneamente anomalías en la votación, un volumen significativo de sufragios y condiciones de riesgo territorial. De ese total, 504 puestos, ubicados fuera de Bogotá, concentran el mayor nivel de preocupación, mientras que en la capital las particularidades observadas obedecerían principalmente a altos niveles de participación.
Según el análisis, las irregularidades presentan un fuerte componente rural y se concentran en regiones como el litoral Pacífico, el Catatumbo, Putumayo y la frontera entre la Orinoquía y la Amazonía. Además, 439 de los 584 puestos priorizados, equivalentes al 75,2 %, están ubicados en zonas rurales. En municipios catalogados por la MOE con control coercitivo y por la Defensoría del Pueblo con alerta urgente o inmediata, la tasa de puestos atípicos alcanza el 25,2 %.
El ICP precisó que el informe no concluye la existencia de un fraude generalizado, ni atribuye responsabilidades penales a campañas, partidos o candidatos. Sin embargo, hizo un llamado a las autoridades electorales, judiciales y de seguridad para verificar los territorios priorizados, prevenir nuevas presiones sobre los votantes y fortalecer la vigilancia durante la segunda vuelta presidencial. Asimismo, pidió a los medios de comunicación, observadores y organizaciones civiles documentar no solo lo que ocurre dentro de los puestos de votación, sino también las condiciones del entorno en las regiones con mayor riesgo.
