El presidente Gustavo Petro fue denunciado formalmente ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes luego de las declaraciones públicas realizadas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y actual directora del Fondo Adaptación, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo. La acción fue presentada por el abogado Manuel Vicente Villanueva Luis, quien actúa como apoderado de Rodríguez, y solicita que el Congreso investigue una serie de hechos que, según el documento, podrían constituir diferentes conductas penales atribuidas al jefe de Estado.
La denuncia fue radicada después de la entrevista que Rodríguez concedió a Blu Radio el pasado 28 de julio, en la que aseguró haber sido víctima de presiones, maltrato psicológico, violencia basada en género y presuntas irregularidades durante su paso por el Gobierno nacional. Con base en ese testimonio, el apoderado pidió a la Comisión de Acusaciones iniciar una investigación al considerar que los hechos comprometen directamente al presidente de la República.
Uno de los principales ejes de la denuncia corresponde a las supuestas presiones ejercidas por el mandatario para trasladar recursos del Fondo Adaptación hacia el Ministerio de Hacienda. Según el documento, Rodríguez afirmó que dichos recursos estaban destinados a inversión social y que no existía una justificación técnica o fiscal para efectuar ese traslado. Incluso, sostuvo que la cifra solicitada rondaría el billón de pesos. Para el denunciante, estos hechos podrían configurar el delito de peculado por aplicación oficial diferente al pretender modificar el destino de recursos públicos definidos por el presupuesto nacional.
La denuncia también se refiere a las diferencias que surgieron durante la gestión de Rodríguez al frente del DAPRE por el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes. De acuerdo con el relato, la entonces funcionaria advirtió que Guerrero no cumplía con los requisitos para el cargo, pero el presidente insistió en su designación e incluso defendió su idoneidad mostrando unos títulos académicos cuya autenticidad fue cuestionada por Rodríguez. El documento agrega que el mandatario también impulsó su designación como representante de la Presidencia ante el Consejo Directivo de la Universidad Popular del Cesar, hechos que, según el abogado, podrían constituir un caso de tráfico de influencias.
En ese contexto, Rodríguez aseguró haber sido víctima de maltrato psicológico y de comentarios sobre su apariencia personal. Además, afirmó que el 13 de enero de 2026, un día antes de su salida del DAPRE, el presidente la señaló de ser narcotraficante, paramilitar y de sostener una relación sentimental con un supuesto integrante de grupos paramilitares, acusaciones que, según el documento, fueron realizadas en voz alta dentro de la Casa de Nariño. La denuncia también sostiene que posteriormente el mandatario la intimidó recordándole su pasado como integrante del M-19.
Otro de los elementos incluidos en la denuncia corresponde a las declaraciones de Rodríguez sobre la muerte del coronel Óscar Dávila, exjefe de seguridad del presidente. Según el documento, la funcionaria afirmó que algunos uniformados le manifestaron que el fallecimiento no habría sido un suicidio sino un homicidio presuntamente ocurrido dentro de la Casa de Nariño. Asimismo, el abogado incorporó publicaciones realizadas por Petro en la red social X después de la entrevista, en las que el mandatario cuestionó el manejo que Rodríguez daba a los recursos públicos y la vinculó con sectores herederos del paramilitarismo, afirmaciones que el denunciante considera constituyen injuria y calumnia.
Finalmente, el abogado solicitó a la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrir una investigación urgente para esclarecer los hechos denunciados y determinar si existe responsabilidad del presidente Gustavo Petro por las conductas expuestas en la denuncia presentada en nombre de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.
