26 de junio de 2026. El Gobierno nacional oficializó la adopción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2026-2036 mediante el Decreto 0585 de 2026, un instrumento que definirá las prioridades del Estado colombiano para la promoción, protección y garantía de los derechos humanos durante la próxima década. La medida fue destacada por la Defensoría del Pueblo, que la calificó como un paso importante para consolidar una política pública de largo plazo en esta materia.
El Plan responde a compromisos asumidos por Colombia tanto en el ámbito internacional como nacional. Entre ellos se encuentran las recomendaciones surgidas de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena y las obligaciones contempladas en el Acuerdo de Paz, especialmente en lo relacionado con la prevención de violaciones a los derechos humanos y la protección de líderes sociales y comunidades. Asimismo, incorpora varias de las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad para fortalecer la democracia y enfrentar las desigualdades estructurales que persisten en el país.
La nueva hoja de ruta establece un enfoque basado en derechos humanos que reconoce a las personas como titulares de derechos y al Estado como responsable de garantizarlos. Además, incorpora criterios de igualdad, participación y rendición de cuentas, junto con enfoques diferenciales dirigidos a poblaciones históricamente vulnerables, como mujeres, niños, pueblos étnicos, campesinos, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. También contempla una visión territorial, rural y de seguridad humana para responder a las realidades de las distintas regiones del país.
Lea también: Cepeda solicita investigaciones tras denuncias sobre posibles beneficios al Clan del Golfo durante la paz total.
La Defensoría del Pueblo resaltó que el decreto busca mejorar la coordinación entre las diferentes entidades estatales para superar la fragmentación institucional que ha sido advertida por la Corte Constitucional y organismos internacionales. En ese sentido, hizo un llamado al gobierno del presidente electo, Abelardo De la Espriella, para asumir el Plan como una política de Estado y avanzar en su implementación de manera articulada con las comunidades, la sociedad civil y las instituciones, con el propósito de fortalecer la protección de los derechos humanos, prevenir nuevas vulneraciones y contribuir a la construcción de una paz duradera.
