La concejala de Bogotá Tata Hernández radicó un Proyecto de Acuerdo que busca fortalecer los controles para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad puedan ser vinculadas laboralmente por entidades del Distrito. La iniciativa pretende garantizar el cumplimiento del Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales cometidos contra personas menores de edad, establecido en la Ley 1918 de 2018.
La propuesta surge en respuesta a las cifras de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Según los datos citados por la concejala, entre 2024 y lo transcurrido de 2026 se registraron 19.103 casos, y más de la mitad de estos hechos se habrían presentado en entornos cotidianos de los menores, lo que, según Hernández, evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y control.
“En Bogotá más de 19 mil niños han sido víctimas de violencia sexual en los últimos años y la mitad de los casos ocurren en espacios que deberían ser seguros, como colegios, parques o centros de salud”, señaló la concejala, quien aseguró que su iniciativa busca evitar que personas que hayan cometido estos delitos vuelvan a tener contacto con menores en el marco de actividades o servicios distritales.
De acuerdo con el proyecto, las entidades distritales del nivel central y descentralizado, especialmente en sectores como educación, salud, cuidado, recreación, deporte y seguridad, deberán verificar el Registro de Inhabilidades antes de realizar contrataciones. La propuesta también contempla que las entidades y los operadores privados actualicen esta consulta cada cuatro meses.
“El objetivo es muy claro: cerrarles la puerta en nuestros colegios, jardines y programas distritales. Quien agredió a un menor no volverá a pisar un espacio donde haya un niño bajo el cuidado de la ciudad”, afirmó Hernández, al defender la necesidad de establecer controles permanentes y mecanismos de verificación para fortalecer la protección de la infancia.
Finalmente, la concejala hizo un llamado a las familias y a la ciudadanía de Bogotá para respaldar la iniciativa y promover mayores medidas de protección para niños, niñas y adolescentes. El Proyecto de Acuerdo deberá surtir ahora el trámite correspondiente en el Concejo de Bogotá, donde se discutirá su viabilidad y alcance.
