La Contraloría General de la República advirtió que se requieren más de $4,2 billones adicionales para cumplir con los pagos de pensiones previstos para 2026, debido a un desbalance entre el incremento real del salario mínimo y las proyecciones utilizadas para definir los recursos destinados a estas obligaciones.
Según el análisis realizado por la Delegada para el Sector Trabajo, el presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones para 2026 contempló $75,58 billones, de los cuales $72,80 billones se destinarían al pago de pensiones y jubilaciones. La financiación de estas obligaciones dependía en un 44,6 % de aportes de la Nación.
El organismo de control señaló que el principal desfase se origina en el crecimiento efectivo del salario mínimo, que para 2026 fue del 23 %, frente al supuesto de crecimiento cercano al 7,5 % utilizado en la programación presupuestal.
Esta diferencia generó una desviación significativa frente a las condiciones consideradas inicialmente para calcular los recursos necesarios para atender las obligaciones pensionales durante el año.
De acuerdo con el análisis de la Contraloría, el presupuesto contemplaba $33,7 billones de aportes nacionales y una ejecución cercana a los $33,7 billones. Sin embargo, si esos recursos ya hubieran sido efectivamente girados, Colpensiones habría recibido prácticamente la totalidad de las transferencias nacionales inicialmente previstas.
El organismo de control advirtió que el incremento no previsto de las obligaciones pensionales podría requerir recursos adicionales del Gobierno Nacional, especialmente ante el aumento de los pagos asociados al crecimiento del salario mínimo.
La Contraloría señaló que esta situación hace necesario que el Gobierno Nacional prevea y disponga los recursos requeridos para garantizar el cumplimiento de los pagos de las pensiones comprometidas, teniendo en cuenta las diferencias entre las proyecciones presupuestales y el comportamiento efectivo de las obligaciones.
El análisis corresponde a las condiciones presupuestales de 2026 y pone el foco en la necesidad de ajustar las previsiones de recursos para responder al comportamiento de las obligaciones pensionales y evitar faltantes para el cumplimiento de los pagos.
