La investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares y su posible relación con las masacres de El Aro y La Granja, en Antioquia, continuará en manos de la Fiscalía General de la Nación. La Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver el conflicto de competencias entre el ente investigador y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que buscaba asumir el expediente.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena el lunes 9 de noviembre, con una votación de siete magistrados a favor y dos en contra. La ponencia estuvo a cargo de la magistrada Paola Andrea Meneses. El alto tribunal consideró que no se configuraron los presupuestos normativos y objetivos necesarios para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia. Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto.
El conflicto surgió después de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara solicitara, en agosto, que el expediente fuera trasladado al Congreso. Su argumento se fundamentaba en que una de las conductas investigadas, relacionada con el presunto concierto para delinquir agravado, habría tenido continuidad hasta 2003, cuando Uribe ya ejercía como presidente de la República. La Fiscalía se opuso al traslado y sostuvo que los hechos investigados corresponden principalmente al periodo en que se desempeñó como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.
La permanencia del expediente en la Fiscalía también había sido solicitada por el senador Iván Cepeda, quien intervino como actor popular en la investigación. El congresista argumentó que los hechos relacionados con la presunta creación, promoción y financiación de estructuras paramilitares en la Hacienda Guacharacas corresponden a los años en que Uribe gobernó Antioquia y no a su etapa como presidente. Cepeda pidió que se protegieran los derechos de las víctimas y se mantuviera el caso en la justicia ordinaria.
La investigación incluye hechos relacionados con las masacres de La Granja, perpetrada el 11 de junio de 1996, y El Aro, ocurrida el 22 de octubre de 1997, ambas en jurisdicción de Ituango, Antioquia. También comprende el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998. Las autoridades investigan presuntos vínculos del exmandatario con estructuras paramilitares y su posible participación en conductas delictivas relacionadas con estos hechos.
Con la determinación de la Corte, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia continuará adelantando las actuaciones correspondientes. Sin embargo, la decisión no representa un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Uribe ni resuelve de fondo cuál autoridad tendría que asumir el expediente bajo los argumentos del fuero presidencial. El proceso seguirá su curso mientras avanza la investigación sobre los hechos ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa.
