Viernes, 30 de octubre de 2026
29 de octubre de 2026, 12:27 pm
Nacional

De la Espriella denuncia presunto sobrecosto de $2.000 millones en unidad móvil de RTVC durante el Gobierno Petro

Según el mandatario, el vehículo presenta deficiencias técnicas que le impedirían operar con normalidad y habría sido adquirido con un posible sobrecosto superior a los $2.000 millones.

De la Espriella denuncia presunto sobrecosto de $2.000 millones en unidad móvil de RTVC durante el Gobierno Petro

Abelardo de la Espriella – Diseño Mundo Político IA

Karen Rojas

Karen Rojas

Periodista

29.10.2026 12:27 pm | Actualizado: 29.10.2026 12:27 pm

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El presidente Abelardo De la Espriella denunció presuntas irregularidades en la adquisición de una unidad móvil de televisión de RTVC, contratada durante el Gobierno de Gustavo Petro por $11.924 millones. Según el mandatario, el vehículo presenta deficiencias técnicas que le impedirían operar con normalidad y habría sido adquirido con un posible sobrecosto superior a los $2.000 millones.

Durante su intervención, De la Espriella cuestionó las condiciones en las que se celebró el contrato y señaló que la unidad móvil no cuenta con una planta eléctrica indispensable para su funcionamiento. Además, aseguró que algunos de los equipos incorporados no cumplirían con las especificaciones técnicas requeridas para la prestación del servicio audiovisual.

“El gerente anterior, conocido de autos, como decimos los abogados, por su mala conducta frente a las mujeres, celebró un contrato por 11.924 millones de pesos para adquirir una unidad móvil (…) que no cuenta con la planta eléctrica para operar. Además, los equipos no cumplen con las especificaciones técnicas”, afirmó el mandatario.

Contrato de RTVC por $11.924 millones está bajo revisión

La controversia se relaciona con el contrato 2899 de 2025, suscrito el 16 de diciembre de ese año para el suministro integral de una unidad móvil tipo broadcast, que debía incluir fabricación, dotación, integración tecnológica y puesta en funcionamiento.

La actual administración de RTVC advirtió que el vehículo permanece estacionado porque no dispone de la planta eléctrica necesaria para alimentar sus equipos y realizar transmisiones desde diferentes lugares del país.

Según la revisión técnica y económica divulgada por la entidad, cerca de $9.000 millones del valor total del contrato correspondieron a equipos audiovisuales. Sin embargo, estudios de mercado y cotizaciones solicitadas por técnicos e ingenieros de RTVC estimaron que equipos equivalentes tendrían un costo aproximado de $7.000 millones, una diferencia que sustenta la alerta por posibles sobrecostos superiores a $2.000 millones.

A las observaciones sobre el precio se suman cuestionamientos acerca de las cámaras, la consola de sonido y un dron incluidos en la dotación, cuyos componentes, según la administración actual, no responderían plenamente a las necesidades de producción y transmisión de la televisión pública.

Denuncias ante los organismos de control

La administración de RTVC informó que trasladó la documentación del caso a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las actuaciones correspondientes dentro de sus competencias.

Los organismos deberán establecer si existieron irregularidades en la planeación, contratación y ejecución del proyecto, así como determinar si hay responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.

Por ahora, las alertas por posibles sobrecostos y deficiencias técnicas constituyen señalamientos que deben ser contrastados con los documentos contractuales y los resultados de las investigaciones.

Hollman Morris cuestionó el cálculo del presunto sobrecosto

El exgerente de RTVC Hollman Morris, quien estuvo al frente de la entidad durante la administración Petro, cuestionó la estimación de los posibles sobrecostos y señaló que solicitaría conocer los documentos técnicos y económicos que respaldan la comparación de precios.

Morris calificó el cálculo como una apreciación subjetiva de la nueva administración y sostuvo que debía examinarse la información utilizada para establecer la diferencia entre el valor pagado y el precio estimado de equipos equivalentes.

La controversia queda ahora en manos de los organismos de control, que deberán revisar las condiciones del contrato, las especificaciones de los equipos entregados y los estudios de mercado para establecer si hubo irregularidades y quiénes serían responsables.