La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la información conocida sobre un presunto plan para atentar contra la vida del registrador nacional, Hernán Penagos, y pidió a las autoridades verificar urgentemente la amenaza y reforzar las medidas de protección para el funcionario y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
A través de un pronunciamiento público, la entidad rechazó cualquier amenaza contra la vida e integridad de Penagos y de los funcionarios de la Registraduría. Además, reiteró su respaldo a la institución electoral, cuyo papel considera fundamental para el funcionamiento de la democracia colombiana.
La Defensoría destacó que el Gobierno Nacional identificara el posible riesgo y le diera la importancia necesaria. Según la entidad, la respuesta institucional debe ser oportuna y coordinada para prevenir cualquier acción que pueda poner en peligro al registrador o afectar el funcionamiento de las instituciones electorales.
El organismo recordó que ya había solicitado a las autoridades competentes evaluar el nivel de riesgo de Hernán Penagos y garantizar las medidas necesarias para su protección. Ante la nueva información, pidió revisar con urgencia las características de la amenaza y reforzar la seguridad del registrador, de los equipos de trabajo y de las instalaciones de la Registraduría, de acuerdo con los riesgos identificados.
Asimismo, la Defensoría solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los posibles responsables y llevarlos ante la justicia. La entidad insistió en la necesidad de evitar que este tipo de amenazas queden en la impunidad.
Finalmente, el organismo señaló que proteger a quienes desempeñan funciones esenciales para la democracia y garantizar que las instituciones electorales puedan operar sin intimidaciones constituye una defensa del Estado social de derecho. Por ahora, el pronunciamiento se refiere a un presunto plan de atentado cuya existencia y circunstancias deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.