La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la decisión del Gobierno Nacional de retirar a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition) y pidió garantizar que esta determinación no implique un debilitamiento de la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ ni de los estándares de igualdad y no discriminación.
La entidad reconoció que el Gobierno Nacional tiene la facultad de establecer las prioridades y estrategias de la política exterior, pero señaló que estas decisiones deben mantener correspondencia con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos. En ese sentido, sostuvo que los derechos de las personas LGBTIQ+ no dependen de un periodo de gobierno y que su protección constituye un deber permanente del Estado.
Ante la decisión, la Defensoría informó que solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores información sobre el alcance y los fundamentos de la salida de Colombia de este mecanismo internacional. La entidad expresó preocupación por el mensaje que una decisión de esta naturaleza puede transmitir en un contexto en el que, según señaló, persisten situaciones de discriminación, estigmatización y violencia por prejuicio.
Como parte de sus argumentos, la Defensoría citó información reportada por la Fiscalía General de la Nación y recogida por la entidad sobre homicidios contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH). Según estos datos, en 2025 se registraron 74 asesinatos, de los cuales 27 correspondieron a transfeminicidios. Para 2026, con corte al 19 de agosto, se habían reportado 31 asesinatos, incluidos 17 transfeminicidios.
La Defensoría señaló que las decisiones y señales institucionales pueden tener relevancia en contextos donde persisten hechos de discriminación y violencia. Por ello, planteó que cualquier modificación de la actuación internacional del Estado en esta materia debe preservar los espacios de participación y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y considerar sus posibles impactos sobre las personas cuyos derechos buscan ser protegidos.
Finalmente, la entidad reiteró que la igualdad y la no discriminación son obligaciones permanentes del Estado colombiano y sostuvo que la política exterior también puede contribuir a la protección de los derechos humanos. La Defensoría manifestó que mantendrá abiertos los canales de diálogo con la Cancillería y ofreció acompañamiento técnico para evaluar los posibles impactos de la decisión sobre los derechos de las personas LGBTIQ+.
