¿Qué está pasando actualmente con Epa Colombia?
La situación de Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, volvió a generar atención después de su traslado, el pasado 7 de agosto de 2026, desde la Escuela de Carabineros de Bogotá hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña.
Barrera continúa privada de la libertad cumpliendo la condena impuesta por los hechos ocurridos durante las protestas de 2019, cuando protagonizó daños contra una estación de TransMilenio.
El traslado modificó las condiciones en las que venía cumpliendo su pena y abrió una nueva etapa para su defensa, que ahora estudia mecanismos jurídicos para intentar modificar su situación.
¿Por qué fue trasladada a Ibagué?
Antes de llegar a La Picaleña, Barrera permanecía en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá. El traslado se produjo después de cuestionamientos sobre las condiciones especiales en las que estaba recluida en esas instalaciones. Algunos reportes señalaron que la decisión estuvo relacionada con presuntos privilegios o irregularidades en su lugar de reclusión.
Sin embargo, su nueva abogada, Wendy Herrera, negó posteriormente que el traslado hubiera sido ordenado directamente por el presidente Abelardo de la Espriella y aseguró que la decisión correspondió al Inpec.
La defensa busca reducir el tiempo de prisión
Uno de los principales frentes de la nueva defensa está relacionado con el tiempo que Barrera lleva privada de la libertad y con las posibilidades legales de obtener una modificación de su situación.
Herrera asumió recientemente la representación de la empresaria y anunció que su equipo revisa diferentes alternativas jurídicas para buscar su libertad. Entre ellas se encuentra la revisión de las horas de trabajo realizadas durante su reclusión, pues la defensa considera que algunas podrían no haber sido contabilizadas correctamente.
La estrategia no significa que la condena haya sido anulada o que Barrera haya recuperado su libertad. Por ahora, continúa cumpliendo la pena en prisión.
Una condena que comenzó por los hechos de 2019
El proceso judicial se originó durante el estallido social de 2019. Barrera fue condenada por delitos relacionados con los daños ocasionados a una estación de TransMilenio durante una jornada de protesta. La pena reportada por diferentes medios supera los cinco años de prisión.
Desde que comenzó a cumplir la condena, su caso ha tenido varios capítulos relacionados con sus condiciones de reclusión y las solicitudes presentadas por su defensa.
Antes de su llegada a La Picaleña estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor y posteriormente fue trasladada a instalaciones de la Policía en Bogotá.
Su defensa denuncia dificultades durante la reclusión
La situación actual también está marcada por las declaraciones de su abogada sobre el estado emocional de Barrera.
Herrera aseguró recientemente que la empresaria atraviesa un momento psicológico difícil y que la separación de su hija ha tenido un impacto importante durante su permanencia en prisión. La defensa sostiene que necesita acompañamiento profesional.
Además, la abogada ha denunciado presuntas irregularidades relacionadas con las condiciones de reclusión que Barrera habría enfrentado anteriormente.
Estas afirmaciones corresponden a la versión entregada por la defensa y no constituyen por sí mismas conclusiones oficiales de las autoridades penitenciarias.
¿Qué viene ahora para Epa Colombia?
El panorama inmediato dependerá de las actuaciones que adelante su equipo jurídico. La defensa busca revisar aspectos relacionados con el cumplimiento de la condena y determinar si existen mecanismos que permitan modificar el tiempo restante de privación de la libertad. Entre los elementos que analiza están las actividades laborales realizadas por Barrera durante su permanencia bajo custodia.
Mientras tanto, Epa Colombia permanece recluida en La Picaleña, en Ibagué, y no existe, hasta ahora, una decisión que ordene su libertad. El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la resocialización, las condiciones de reclusión y las alternativas jurídicas disponibles para las personas condenadas, en un proceso que continúa generando amplia atención pública.
