La Fiscalía General de Bolivia emitió una nueva orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien es investigado por su presunta participación en las movilizaciones y bloqueos registrados entre mayo y junio de 2026, jornadas de protesta que se extendieron durante 53 días y dejaron al menos 22 personas fallecidas, además de importantes afectaciones económicas y de movilidad en el país.
De acuerdo con las autoridades bolivianas, el exmandatario enfrenta una investigación por seis delitos, entre ellos terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y asociación delictuosa. La investigación sostiene que Morales habría promovido e instigado las protestas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Tras conocerse la decisión, Evo Morales rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso judicial hace parte de una persecución política en su contra. A través de sus redes sociales, el exmandatario afirmó que la nueva orden de captura busca desviar la atención de la crisis económica que atraviesa Bolivia y reiteró que continuará respaldando las demandas de los sectores sociales que participaron en las manifestaciones.
Esta es la segunda orden de captura que pesa sobre Morales. Desde 2024 existe un proceso judicial en su contra por un caso de presunta trata de personas relacionado con una menor de edad, expediente por el cual fue declarado en rebeldía tras no comparecer ante la justicia boliviana. Esa orden de aprehensión continúa vigente y su ejecución permanece a cargo de la Policía.
El Gobierno boliviano ha reconocido que ejecutar la captura representa un desafío por las condiciones de seguridad en el Trópico de Cochabamba, donde Morales permanece resguardado por sus seguidores. No obstante, las autoridades han reiterado que la orden judicial será cumplida cuando existan las condiciones necesarias para evitar riesgos para la población y la fuerza pública.
