El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, anunció a través de su cuenta de X una reforma al procedimiento de consulta previa en Colombia, con la que el Gobierno busca reducir el represamiento de expedientes y agilizar los procesos que permanecen abiertos. El funcionario aseguró que los cambios no modificarán el núcleo del derecho de las comunidades étnicas a la consulta previa.
“La consulta previa se respeta. El represamiento, no”, señaló Lara en su publicación, en la que presentó el denominado plan de destrabe, transformación y sistematización de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. La propuesta contempla una serie de medidas administrativas y ajustes normativos que, según el ministro, buscan mejorar la trazabilidad y transparencia de los procedimientos.
Entre las principales medidas anunciadas está la digitalización del 100 % de los expedientes represados, además de la creación de una ventanilla única digital para recibir solicitudes y generar los expedientes desde el momento de su radicación. El Gobierno también plantea que cada proceso tenga un responsable y una fecha definida para las actuaciones correspondientes. Esta información fue posteriormente detallada por el Ministerio del Interior, que indicó que durante los primeros 30 días se prevé digitalizar los expedientes represados y consolidar un inventario único.
El plan también contempla alertas, términos y un tablero nacional de control para hacer seguimiento a cada proceso. A esto se sumaría un comité independiente de seguimiento, con participación de un asesor externo, cuya función sería revisar casos críticos, identificar las causas de los bloqueos y emitir recomendaciones. Según la propuesta, este comité no sustituiría a la Autoridad Nacional de Consulta Previa ni tendría facultades para tomar decisiones sobre los procesos.
Lara señaló que la meta es lograr en 90 días una reducción sustancial del represamiento, además de avanzar en decisiones y cierres de expedientes. El ministro también anunció una directiva presidencial y un proyecto de ley para establecer mayores condiciones de seguridad jurídica, precisión y transparencia en el procedimiento. Entre los cambios planteados está la eliminación del test de proporcionalidad como regla de cierre, con el argumento de evitar que, una vez agotada la actuación, un expediente quede suspendido en un trámite adicional sin término definido.
De acuerdo con el anuncio, la Autoridad adoptaría las decisiones con base en la información que repose en el expediente, mientras que el Gobierno sostiene que la modificación no pretende sustituir el diálogo con las comunidades ni eliminar el derecho a la consulta previa. La propuesta deberá avanzar por las vías normativa y legislativa anunciadas antes de convertirse en un nuevo marco aplicable al procedimiento.
El anuncio de Lara abre así un nuevo capítulo en la discusión sobre la consulta previa en Colombia, entre la necesidad de agilizar los procesos administrativos y la obligación de garantizar la participación de las comunidades étnicas. El Gobierno sostiene que su propósito es eliminar los expedientes sin responsable, mejorar el seguimiento de los trámites y establecer mecanismos para que los procesos tengan una fecha y una ruta de cierre.
