El barrio Hacienda Los Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá, se encuentra en medio de una disputa por la forma en que se calculan las facturas del servicio de acueducto. Según la información presentada por la concejala Rocío Dussán Pérez, más de 1.200 familias y cerca de 700 viviendas del sector habrían recibido cobros que, en algunos casos, superaron los $9 millones, pese a que se trata de un sector de estrato 2 y la comunidad asegura que no cuenta con un mecanismo formal de medición del consumo.
El conflicto se centra en la metodología utilizada para establecer los cobros a los usuarios del sector. De acuerdo con la comunidad, Hacienda Los Molinos no cuenta con una red formal de acueducto y alcantarillado, por lo que sus habitantes construyeron de manera artesanal parte de la infraestructura. A pesar de esta situación, los residentes han recibido facturas calculadas mediante mecanismos de estimación del consumo, lo que, según las denuncias, habría generado valores que no corresponderían al consumo real de los hogares.
La situación llevó a la concejala Rocío Dussán a promover mesas de trabajo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la Superintendencia de Servicios Públicos y representantes de la comunidad. Uno de los primeros resultados, según lo informado por la concejala, estaría relacionado con los usuarios no residenciales, particularmente comerciantes del sector, frente a quienes la EAAB habría reconocido que algunos cobros no corresponderían a las condiciones reales de consumo.
Ante la ausencia de medición, la empresa habría utilizado un sistema de estimación para calcular el consumo. Como resultado de las mesas de trabajo, se acordó realizar aforos a los usuarios, con el objetivo de establecer cuánto consumen realmente y contar con elementos para determinar un cobro acorde con el servicio utilizado.
Otro de los puntos planteados durante las reuniones tiene que ver con la medición del consumo de agua. Según la información entregada por la concejala, la CRA señaló que los usuarios tienen derecho a que su consumo sea medido. También habría cuestionado la utilización de 11 metros cúbicos como referencia para las viviendas, debido a que esta cifra correspondería al límite utilizado para establecer los subsidios y no necesariamente al consumo efectivo de cada hogar.
“No es justo que familias de estrato 1 y 2, que construyeron con sus propias manos el acueducto de su barrio, reciban facturas de hasta 9 millones de pesos”, afirmó la concejala Rocío Dussán, quien aseguró que continuará participando en las mesas de trabajo hasta encontrar una fórmula que permita que las facturas correspondan al consumo real de los usuarios.
El caso de Hacienda Los Molinos también abrió una discusión más amplia sobre la prestación y medición de los servicios públicos en sectores de Bogotá que presentan condiciones de informalidad. Según Dussán, la problemática podría afectar a otros hogares de la ciudad que enfrentan situaciones similares. Las mesas con la CRA y las demás entidades continuarán para buscar alternativas de cobro tanto para usuarios residenciales como no residenciales.
