LIMA – Perú atraviesa una etapa de máxima tensión institucional tras la segunda vuelta presidencial que ha dejado al país sin un ganador oficial. Con el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanzado, la contienda entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se mantiene en un margen de empate técnico, convirtiendo esta elección en una de las más reñidas de la historia reciente del país.
La definición del próximo mandatario depende ahora del análisis de actas observadas y de los votos emitidos desde el extranjero, factores que podrían alterar el resultado final debido a la exigua diferencia entre los aspirantes. Mientras tanto, ambos comandos de campaña han centrado sus esfuerzos en los tribunales electorales, enfrentando la resolución de impugnaciones que han generado un clima de incertidumbre y movilizaciones en diversas regiones.
El proceso ha estado marcado por intentos de nulidad de mesas de sufragio, muchos de los cuales han sido declarados improcedentes por el Jurado Electoral Especial debido al incumplimiento de requisitos legales. Esta batalla legal en los escritorios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha trasladado la presión desde las urnas hacia las instancias judiciales, manteniendo al país en un “limbo institucional”.
Ante este escenario, tanto Fujimori como Sánchez han hecho llamados a la calma, mientras que el presidente interino monitorea la crisis; no obstante, la polarización ciudadana crece conforme los organismos electorales procesan las últimas actas, dilatando la proclamación del ganador y prolongando la espera por una resolución que permita superar la fractura social y avanzar hacia la estabilidad.
