Octubre 3 de 2026. El abogado penalista Víctor Mosquera Marín, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, anunció que acudirá formalmente a la Fiscalía General de la Nación para solicitar una investigación sobre las presuntas actividades de inteligencia, seguimiento e interceptación que habrían sido realizadas contra el exsenador y otras figuras de la oposición durante el gobierno de Gustavo Petro.
La solicitud se conoce tras las revelaciones periodísticas sobre el supuesto manejo de información reservada por parte de organismos estatales. Mosquera aseguró que buscará que las autoridades recauden y preserven con celeridad las pruebas que permitan determinar qué ocurrió y quiénes pudieron estar involucrados.
Entre los elementos que el abogado pretende que sean examinados están órdenes de trabajo, seguimientos, interceptaciones, consultas en bases de datos, informes de inteligencia, reportes financieros e intercambios de información entre entidades como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y otros organismos del Estado.
Uno de los principales objetivos será reconstruir la cadena de decisiones detrás de las actuaciones denunciadas: establecer quién habría impartido las instrucciones, quién las ejecutó, quién tuvo acceso a la información obtenida, a quién fue entregada y cuál habría sido su destino. Para Mosquera, esclarecer estos puntos resulta fundamental para determinar eventuales responsabilidades jurídicas.
Las revelaciones periodísticas también mencionan a otras figuras políticas y públicas que presuntamente habrían sido objeto de actividades de inteligencia, entre ellas el expresidente Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Margarita Cabello, Carlos Felipe Córdoba, varios generales retirados, Miguel Uribe Turbay y la periodista Vicky Dávila, entre otros.
De acuerdo con la información publicada, una auditoría forense realizada en la DNI habría encontrado 147 terabytes de información, además de equipos de cómputo y dispositivos móviles, cuyo contenido podría aportar elementos para esclarecer las actuaciones desarrolladas dentro de esa entidad durante los últimos años.
Ahora será la Fiscalía la encargada de determinar si existen elementos suficientes para abrir las investigaciones correspondientes y establecer si se produjeron actuaciones ilegales. Por el momento, se trata de señalamientos y denuncias que deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
El caso vuelve a poner en el centro del debate el uso de las capacidades de inteligencia del Estado, la protección de la información reservada y los límites que deben observar los organismos de seguridad frente a dirigentes políticos, funcionarios, periodistas y ciudadanos.
