La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó las acciones violentas registradas en Santa Marta y otras zonas de la región Caribe, atribuidas a un grupo armado no estatal, y expresó su preocupación por las restricciones impuestas a la libre circulación de la población.
A través de sus canales oficiales, el organismo reiteró que los grupos armados no estatales tienen la obligación de respetar los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario, que establecen la protección de la población civil en contextos de violencia y conflicto armado.
El pronunciamiento se conoce en medio de una situación de alteración del orden público en Santa Marta, donde se han registrado restricciones a la movilidad, amenazas a comerciantes y quema de vehículos. De acuerdo con reportes de Associated Press, las acciones se produjeron después del anuncio de un paro armado en la zona.
Ante este escenario, ONU Derechos Humanos hizo un llamado al Estado colombiano para que continúe implementando todas las medidas posibles para proteger a la población de la región Caribe, de acuerdo con la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos.
La situación también ha generado afectaciones en actividades comerciales y de transporte. Reportes desde Santa Marta señalan que varios establecimientos permanecieron cerrados y que la circulación de vehículos se redujo en diferentes sectores de la ciudad, mientras las autoridades reforzaron la presencia de la Fuerza Pública.
El organismo de Naciones Unidas señaló que mantiene seguimiento a la situación en cumplimiento de su mandato. El pronunciamiento se suma a las alertas que ha presentado sobre las condiciones de seguridad y las restricciones a la movilidad que afectan a comunidades de la región Caribe. En un informe sobre la situación de derechos humanos, ONU Derechos Humanos había identificado restricciones a la libre movilización entre las afectaciones documentadas en esta región.
La situación en Santa Marta ocurre en un contexto de presencia y disputa de estructuras armadas en el Caribe colombiano. La ONU reiteró que, frente a este tipo de escenarios, la protección de la población civil y el respeto de las normas del derecho internacional humanitario deben mantenerse como obligaciones fundamentales.
