Por: Juan Nicolás Vizcaya Molina, Abogado y Politólogo de la Universidad de los Andes.
La reciente victoria presidencial de Abelardo de la Espriella representa una evolución histórica y un renacimiento estructural en la cultura político-electoral de la Colombia contemporánea, consolidándose como un hito sociológico que trasciende el simple relevo en el poder ejecutivo. Durante décadas, el sistema democrático nacional operó bajo una lógica clientelista donde las mayorías rurales y urbanas eran tratadas como un electorado cautivo e inerte. Este resultado histórico demuestra que los ciudadanos finalmente rompieron ese pacto de sumisión tácita, asumiendo la consciencia plena de que no son siervos anónimos destinados a legitimar cada cuatro años en las urnas a sus propios verdugos institucionales. Frente a este despertar civil, aparece la propuesta alternativa encarnada por la campaña de Iván Cepeda lució no solo derrotada, sino discursivamente anacrónica. Su enfoque se percibió como una plataforma prehistórica y dinosaurica, anclada en esquemas doctrinales del siglo XX que resultaron incapaces de sintonizar con las demandas de un electorado hiperconectado, el cual exige respuestas pragmáticas, inmediatas y efectivas en lugar de dogmas ideológicos abstractos y retórica de trinchera.
Para comprender la magnitud de este viraje, es imperativo analizar el descontento estructural que catalizó el voto popular, el cual excede la comprensible angustia colectiva ante el deterioro del orden público provocado por el terrorismo y el narcotráfico. Los datos e indicadores sociopolíticos actualizados al año 2026 reflejan una crisis profunda de legitimidad en la arquitectura de la representación tradicional. De acuerdo con los informes globales del Real Instituto Elcano sobre los ciclos electorales en América Latina, el panorama nacional ha estado marcado por un severo “voto de castigo” y un acelerado desgaste de los liderazgos tradicionales, catalizados por un desplome agudo en los niveles de confianza partidista que ya venían registrando centros de investigación como Latinobarómetro. El electorado castigó con severidad la ineficacia de los modelos estatistas de la izquierda saliente, pero simultáneamente clausuró la posibilidad de un retorno hacia los liderazgos del establecimiento tradicional. Existía la certeza colectiva de que el establecimiento de siempre tampoco constituían una solución viable, lo que generó el escenario propicio para la emergencia de un liderazgo disyuntivo y vertical que prometiera una refundación de la autoridad, lo que representaba explícitamente Abelardo De La Espriella.
Bajo esta nueva dirección, la ciudadanía percibe un cambio de paradigma largamente esperado: por fin se siente en el ambiente nacional que en Colombia aquellos sectores que han operado como los principales aliados políticos del narcoterrorismo pagarán penal e históricamente por lo que han hecho, en nombres propios: Gustavo Petro e Iván Cepeda. Poniendo fin a la impunidad de las estructuras que justificaron la violencia desde los escritorios y los estrados públicos.
Este proyecto político entronca de forma orgánica con las corrientes más firmes de la derecha doctrinaria, reviviendo tesis fundamentales sobre la soberanía local, la propiedad y la seguridad nacional frente a la parálisis estatal. Al examinar los fundamentos teóricos de la legítima defensa colectiva y la reacción organizada contra la subversión, se rescatan principios esenciales del pensamiento de orden: la noción de que, ante la ausencia, el abandono o la claudicación temporal del Estado en la periferia geográfica, la preservación de la vida, la familia y el derecho a la propiedad privada se constituyen en imperativos morales y naturales de supervivencia. La propuesta triunfante actualiza y absorbe estas verdades históricas dentro del marco de las instituciones públicas, argumentando que la estabilidad y la defensa de la democracia no son conceptos negociables, sino el cimiento indispensable sobre el cual el Estado debe edificar la libertad y el progreso económico del país.
Finalmente, el eje central de la legitimidad de este nuevo mandato radica en la adopción de una política de seguridad interna sin ambigüedades, fundamentada en la aplicación rigurosa de la fuerza coercitiva del Estado. La opinión pública respaldó masivamente la directriz de declarar objetivo militar a las estructuras criminales transnacionales sin otorgarles concesiones de carácter político. Académicos de la polemología y la resolución de conflictos han demostrado de manera sostenida que los procesos de negociación asimétricos, donde el Estado no ejerce una superioridad militar incontestable, solo operan como incentivos para la reorganización y el fortalecimiento de las economías ilícitas. Al clausurar definitivamente la era de los acuerdos de paz fallidos y las mesas de diálogo inconducentes, el nuevo gobierno asume que la pacificación del territorio nacional no se logra mediante la transacción institucional con la criminalidad, sino a través de su sometimiento absoluto ante la justicia. La consigna es taxativa y desprovista de piedad jurídica: las organizaciones al margen de la ley aceptan los términos de rendición impuestos por el Estado o enfrentarán la capacidad total de sus fuerzas legítimas.
