Una pregunta que incomoda: ¿qué le debemos a quien fue acusado y resultó inocente?
Hay palabras que se pronuncian en segundos y tardan años en irse. No me refiero a las que duelen en el momento, sino a las que se instalan en silencio y siguen operando mucho después de que todo, aparentemente, ha quedado resuelto.
Las que asocian a alguien con conductas de acoso sexual pertenecen a esa categoría. La sociedad ha aprendido, con esfuerzo y razón, a tomárselas en serio. Ese aprendizaje vale. Pero tiene una cara que casi nadie quiere ver: la de quien carga con una acusación que el tiempo o la investigación terminan por desmentir.
La pregunta que rara vez se hace en voz alta es esta: ¿qué ocurre después?
El buen nombre no se compra ni se hereda. Es la suma de años de trabajo silencioso. Y basta una sospecha para que todo comience a tambalear.
La Constitución colombiana protege la honra y el buen nombre como derechos fundamentales. No son adornos legales. Son el tejido sobre el que una persona se mueve en el mundo: cómo la perciben sus colegas, cómo la recibe un empleador, cómo la trata la gente que la rodea. Cuando ese tejido se rompe, no se repara solo. Y lo que nadie dice abiertamente es que ni siquiera la más completa de las aclaraciones lo devuelve intacto.
Permanece la duda. Permanece la mirada diferente de algunos compañeros. Permanece el rumor que viajó más lejos de lo que se cree. Y sobre todo permanece esta pregunta sin respuesta: ¿cuántas personas escucharon la acusación y cuántas escucharon después que no se sostuvo?
Existe además una dimensión de la que se habla poco, casi con pudor. La emocional. Quien ha sido señalado conoce la sensación de despertarse cada mañana preguntándose qué piensan los demás. Conoce el peso de repasar conversaciones pasadas buscando en ellas algún sentido. Conoce el temor de que algo que parecía cerrado reaparezca días o meses después, sin aviso y sin contexto.
Y sin embargo, muchos hombres optan por callar. Callan porque sienten que expresar su propio dolor puede leerse como un intento de minimizar el ajeno. Callan porque temen que defender su reputación los coloque automáticamente del lado equivocado. Callan porque no saben si alguien los escuchará.
Reconocer ese dolor no significa desconocer el de las víctimas reales. Ambas realidades pueden coexistir. De hecho, en una sociedad madura, deben coexistir.
Lo que me preocupa no es el debate en sí, sino la zona de silencio que lo rodea. Una zona donde habitan personas reales, con nombres reales, cuya vida profesional o personal quedó marcada por algo que no logró probarse. Y donde el sistema, con frecuencia, no tiene respuesta para ellas.
Escuchar a quienes denuncian es indispensable. Investigar con rigor es indispensable. Pero proteger el buen nombre de las personas también lo es. La defensa del debido proceso no es un obstáculo para la justicia: es una de sus condiciones. Una sociedad que actúa con firmeza frente a las conductas demostradas debe ser capaz, con la misma convicción, de reparar el daño cuando la acusación no se sostiene.
No se trata de restarle peso a las denuncias legítimas. Se trata de reconocer algo que debería ser elemental: la dignidad humana no tiene género. La honra no tiene género. El buen nombre no tiene género.
Y una sociedad que los protege de forma selectiva no está siendo justa. Está eligiendo a quién le importa.
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