Una medida presentada como gran alivio ciudadano terminó siendo una tarifa diferencial temporal, focalizada y financiada con una bolsa limitada. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: si el usuario paga menos en la caseta, ¿Quién cubre la diferencia?

Por Carlos Andrés Córdoba

El anuncio: una rebaja que sonó universal

En Colombia se ha vuelto costumbre que algunos anuncios oficiales lleguen primero como titular emocional y solo después como documento técnico. La reducción del peaje en Autopistas del Café a $700 fue presentada como una conquista ciudadana de enorme impacto: pasar de tarifas que, para vehículos particulares, podían bordear los $17.800 o más, a una cifra simbólica de $700. En un país cansado de pagar caro por moverse, la noticia era combustible puro para la esperanza.

Pero una democracia madura no puede conformarse con el titular. Debe leer la resolución, revisar los requisitos, medir el costo fiscal y preguntarse si el anuncio corresponde exactamente a la realidad operativa. Ese es el punto central de este artículo: no se trata de negar que pueda existir un alivio para algunos usuarios del Eje Cafetero; se trata de exigir que el Gobierno explique la medida completa, no solamente su parte más popular.

Lo que realmente se aprobó

El Ministerio de Transporte informó que la resolución establece tarifas diferenciales en cinco estaciones de peaje de la concesión Autopistas del Café. La Agencia Nacional de Infraestructura precisó que el beneficio aplica en Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia, dentro del proyecto vial Armenia – Pereira – Manizales. Es decir, no estamos ante una eliminación general de peajes ni ante una rebaja automática para todo usuario que pase por la caseta.

La ANI también indicó que el acceso exige condiciones mínimas: ser residente de ciudades, municipios, corregimientos o veredas aledañas; enviar datos personales, documentos del vehículo, placa, peaje al que aplica, dirección de residencia, correo, teléfono y autorización de tratamiento de datos; y someterse a validación. Además, la inscripción durante julio está sujeta al cumplimiento de requisitos y a cupos por peaje. Traducido al lenguaje ciudadano: no basta con llegar al peaje y decir “vengo por los $700”.

“La política puede producir titulares; la infraestructura produce cuentas. Y las cuentas siempre cobran.”

La pregunta que incomoda: ¿Quién paga la diferencia?

La tarifa diferencial no borra el costo de operar y mantener una vía. Los servicios de atención, mantenimiento, grúas, ambulancias, vigilancia, señalización, operación, recaudo y conservación no desaparecen porque una decisión política reduzca temporalmente lo que paga un grupo de usuarios. Si alguien paga menos en la caseta, la diferencia debe salir de alguna parte.

El borrador/resolución del Ministerio de Transporte es claro en la letra pequeña: la temporalidad de las tarifas diferenciales se fija hasta el 1 de febrero de 2027, fecha estimada de terminación del contrato de concesión No. 0113 de 1997, o hasta agotar la disponibilidad de recursos con excedentes del proyecto por $21.600 millones para efectuar la compensación del Ingreso Mínimo Garantizado. Además, si se advierte amenaza o insuficiencia de recursos, la ANI deberá proponer al Ministerio una modificación o incremento del valor de las tarifas y de las condiciones previstas.

Ahí está el corazón del debate. La medida puede aliviar el bolsillo de un grupo de ciudadanos, pero no es gratis, no es ilimitada y no se sostiene con voluntad política sino con recursos disponibles. El ciudadano debe saber que detrás del peaje de $700 hay una arquitectura contractual y financiera que busca preservar el equilibrio del proyecto.

El riesgo de gobernar con expectativa

Un gobierno responsable puede y debe buscar alivios cuando las comunidades se sienten afectadas por el costo de la movilidad. Las protestas, mesas de diálogo y reclamos regionales no pueden ser ignorados. Pero convertir una tarifa diferencial temporal en una bandera de triunfo absoluto es riesgoso, porque genera una expectativa que luego no todos podrán materializar.

Hay personas que seguirán pagando tarifa plena porque no residen en la zona priorizada, porque no logran acreditar la condición exigida, porque no cumplen el procedimiento, porque el cupo se agota o porque el beneficio se acaba antes de lo esperado. Y cuando eso ocurra, el malestar ciudadano no caerá sobre la letra técnica de la resolución, sino sobre la promesa pública que muchos entendieron como general.

La política seria no consiste en prometer que todo baja. Consiste en explicar con honestidad quién se beneficia, quién queda por fuera, cuánto cuesta, quién paga, cuánto dura y qué pasa cuando los recursos se agotan.

La alerta institucional: Procuraduría y sostenibilidad

La Procuraduría General de la Nación abrió vigilancia preventiva y solicitó al Ministerio de Transporte y a la ANI verificar que cualquier decisión relacionada con la terminación anticipada del contrato de concesión vial y el desmonte de peajes estuviera debidamente soportada en lo constitucional, legal y contractual, y que contemplara medidas para garantizar la continuidad, operación y mantenimiento de la infraestructura. Esa advertencia no es un detalle menor: es una señal de que las decisiones sobre concesiones no pueden tramitarse como consignas.

La infraestructura tiene memoria contractual. Cada peaje tiene una función dentro de un modelo de financiación. Cada modificación puede tener efectos en el flujo de caja, en el mantenimiento, en las obligaciones pendientes, en eventuales reclamaciones y en la sostenibilidad del corredor. Las vías no se mantienen con aplausos; se mantienen con planeación, recursos y reglas claras.

Mi lectura: alivio sí, propaganda no

Mi posición es clara: si una comunidad paga de manera desproporcionada por su movilidad diaria, el Estado debe sentarse, revisar y corregir. Una tarifa diferencial focalizada puede ser una herramienta legítima. Pero la comunicación pública debe ser honesta. Presentar una medida condicionada como si fuera una rebaja general es una manera de jugar con la expectativa ciudadana.

Colombia necesita menos política de micrófono y más pedagogía pública. La gente no es menor de edad. Puede entender una explicación técnica si se le habla con respeto: “este beneficio aplica para determinados usuarios, en determinados peajes, por determinado tiempo, con recursos limitados y bajo compensación contractual”. Esa frase quizá no gana tantos aplausos, pero evita engaños.

Lo más grave no es que exista una tarifa diferencial. Lo grave es que se venda como una transformación estructural lo que en realidad es una medida temporal, focalizada y financieramente condicionada. En palabras sencillas: el anuncio suena enorme, pero la resolución trae freno de mano.

Las preguntas que deben quedar abiertas

• ¿Cuántos usuarios reales serán beneficiados por cada peaje y por cada categoría?
• ¿Qué pasará cuando se agote la bolsa de $21.600 millones?
• ¿La compensación al Ingreso Mínimo Garantizado afectará recursos que podían destinarse a obras, mantenimiento o seguridad vial?
• ¿Cómo se garantizará que el beneficio llegue a residentes que realmente dependen de la vía, y no a beneficiarios oportunistas?
• ¿Qué modelo reemplazará la concesión cuando termine en febrero de 2027?

Conclusión

El caso del peaje de $700 en el Eje Cafetero debe convertirse en una lección nacional sobre transparencia. No basta con anunciar alivios: hay que explicar sus límites. No basta con celebrar una rebaja: hay que mostrar la factura. No basta con decir “le cumplimos al pueblo”: hay que demostrar que el beneficio se puede sostener sin comprometer la infraestructura, la seguridad vial ni el equilibrio contractual del Estado.

Un ciudadano bien informado no se deja emocionar solamente por el número más pequeño. Pregunta por el contrato, por el recurso, por el plazo, por el cupo y por el mecanismo de compensación. Ese es el control ciudadano que Colombia necesita.

“Cuando el poder convierte una medida técnica en consigna emocional, el ciudadano celebra hoy, pero puede terminar pagando mañana.”