Era mediados de 1994. Yo tenía 11 años y durante mucho tiempo escuché a mi entorno hablar, indignado, sobre el proceso 8.000. En el colegio también nos recordaban constantemente ese escándalo. A esa edad no alcanzaba a dimensionar lo que estaba ocurriendo, pero sí entendía que algo serio pasaba: era el presidente de Colombia, Ernesto Samper, a quien cuestionaban por tener vínculos con el narcotráfico. Con los años comprendí la magnitud de aquellas denuncias y por qué habían provocado tanta indignación en el país.
Los llamados “narcocasetes” hablaban de la financiación de la campaña presidencial con dineros del cartel de Cali, mientras Samper respondía: “Todo fue a mis espaldas”. Recuerdo también un elefante gris que aparecía una y otra vez en las caricaturas de la época. Yo no entendía qué tenía que ver con el escándalo, hasta que comprendí la referencia a las palabras del entonces arzobispo de Bogotá, monseñor Pedro Rubiano: “si a uno se le mete un elefante a la casa, tiene que verlo”. Mi papá me decía en ese entonces: “La prensa es el cuarto poder y la Iglesia católica, el primero”. En una Colombia donde la voz de la Iglesia tenía tanto peso en la sociedad, esa frase terminó convirtiendo al elefante en una imagen que muchos no olvidamos.
Pasaron los años y cada vez que aparecía un escándalo de corrupción o una denuncia relacionada con la política, el proceso 8.000 volvía a la conversación. Volvía Samper y volvía el elefante. Hoy, 32 años después, Ernesto Samper vuelve a aparecer en la conversación pública por su cercanía con Gustavo Petro, y es inevitable preguntarse: ¿el proceso 8.000 quedó obsoleto? No porque debamos olvidar lo ocurrido. Al contrario, hay que recordar cómo la política y el narcotráfico buscaron convivir para influir en quienes tenían el poder y, con ello, en el rumbo del país. Pero también preguntarnos si la corrupción encontró otras formas de llegar a lo que termina en indignación: los recursos de los colombianos.
Porque el problema no se limita a lo que ocurre durante una campaña presidencial. También está en qué pasa después con los recursos públicos que deberían convertirse en infraestructura, educación, salud, seguridad, oportunidades y desarrollo. Hoy discutimos sobre nóminas paralelas, cargos cuya necesidad o idoneidad se cuestiona, decisiones que cuestan billones de pesos y recursos públicos que terminan bajo sospecha de beneficiar intereses particulares. Las respuestas también parecen haber cambiado: frente a los cuestionamientos se habla de políticas públicas, de decisiones que no constituyen delitos. Pero incluso cuando no existe un delito, una sociedad tiene derecho a preguntar si una decisión era necesaria, cuánto costó, si fue eficiente y quién terminó beneficiándose.
Tal vez el proceso 8.000 no quedó obsoleto. Tal vez lo que cambió fue la manera de esconder al elefante. Décadas después, la pregunta es si somos capaces de verlo cuando aparece con otra forma.
