Imagina que te invitan a una reunión para definir temas muy importantes para tu barrio. Asistes en representación de tus vecinos. El gobierno te da la palabra: cuentas las necesidades, problemáticas del barrio y sugieres algunas mejoras. Todos te escuchan con atención y hasta toman notas. Y sales de aquel lugar creyendo que, a pesar de todo, la dignidad y voz de la cotidianidad se tomaría en cuenta.
Pero unos meses después descubres que: nada de lo que dijiste cambió ninguna decisión. Ya habían decidido, y tu momento de hablar fue solo eso: un momento de hablar. Álvaro García pensador político latinoamericano, en su ensayo “La Democracia como Agravio” expresa que las decisiones así vengan de abajo hacia arriba, son tomadas por las clases dominantes, que históricamente se han adherido al Estado en la misma medida en que el Estado reconoce “naturalmente” a los suyos en un vínculo casi endogámico.
Eso, casi exactamente eso, es lo que documentó una investigación sobre El Bagre, un municipio de Antioquia, cuando el Estado, por fin, llegó a preguntar.
¿Con voz, pero sin voto?
Pasó durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se creó el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para ayudar a las regiones más golpeadas por la violencia y el abandono. El nombre importa menos que lo que significó: funcionarios de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) viajaron hasta las veredas de El Bagre a preguntarle a sus habitantes cómo imaginaban el futuro de su tierra. Las personas optimistas se sintieron incluidas. Esta vez, el Estado no llegó como solía pasar, con un proyecto ya armado bajo el brazo. Hasta ahí, todo muy bien. Pero, que pasó después, ¿sus ideas fueron incluidas?
La investigadora Sara Vélez Zapata, del CIDER de la Universidad de los Andes, publicó en el 2019 un estudio sobre este proceso en El Bagre, titulado, sin rodeos, “voz sin decisión”. Vélez hizo su trabajo de grado siguiendo paso a paso cómo se formularon los proyectos comunitarios del PDET en esas veredas, con la participación de líderes locales y de la propia ART, y encontró algo que vale la pena poner en la lupa: las comunidades tuvieron voz, pero no tuvieron el mismo poder para decidir. Pudieron hablar, proponer, contar su realidad. Pero cuando llegó el momento de decidir qué hacer con todo eso, muchas veces la decisión ya estaba tomada, o se tomó sin ellas.
Participar no necesariamente es incidir. A eso Sara le puso un nombre: inclusión simbólica. Te incluyen para la foto, no para la decisión. Te dejan hablar, pero no te dejan incidir, te anulan. El Bagre es apenas un caso, entre miles. Algunos dirán que hay temas muy especializados que requieren cierta agilidad decisional de los gobiernos, evidentemente, pero como cuestiona García ¿quién puede garantizar que las decisiones que tomen las élites profesionales serán las que el pueblo desea o necesita?
Una mesa con trece sillas
Para entender casos como El Bagre, hay que dar un salto atrás. En 1748, el filósofo francés Montesquieu propuso dividir el poder del Estado en tres ramas —la que hace las leyes, la que gobierna, la que juzga— para que ninguna se quedara con todo. Fue una idea genial para su época, y todavía sostiene a casi todas las democracias del mundo. Pero un libro reciente de Gustavo Bolívar “La nueva arquitectura del poder”, hace una pregunta que Montesquieu no alcanzó a hacerse: ¿y si el poder de verdad ya no vive solo en esas tres ramas?
Para su comprensión el autor propone una metáfora: imaginar el poder como una gran mesa con trece sillas: el Gobierno, el Congreso, las Cortes, los organismos de control, el poder electoral, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, las iglesias, el poder económico, la sociedad civil, las organizaciones sociales, los partidos políticos, y hasta un invitado incómodo que nadie quisiera tener ahí, el crimen organizado. Trece actores distintos, todos peleando, negociando o cediendo espacio alrededor de la misma mesa.
También, especifica que las trece sillas no tienen el mismo tamaño, y que su tamaño real casi nunca coincide con lo que dice la ley. Y da un ejemplo: Un presidente puede ganar unas elecciones por millones de votos y descubrir, ya sentado en su despacho, que el Congreso no le aprueba nada, que las Cortes le tumban sus normas, o que el sector económico frena su reforma. Ese presidente tiene poder formal, pero, no o siempre tiene poder real.
El poder de incidir para decidir, es un privilegio del que no gozan todos los actores que en el participan. Las comunidades ni siquiera ocupan una de esas trece sillas por sí solas: entran, en el mejor de los casos, dentro de la sociedad civil o las organizaciones sociales, una silla ya de por sí compartida con universidades, gremios y otros actores mucho más grandes. Y dentro de esa silla compartida, en el proceso concreto del PDET, su capacidad de decir “no, así no” resultó casi nula. Podían hablar, pero no podían incidir en nada.
El pescador también sabe cosas
Si la nueva arquitectura del poder nos ayuda a entender por qué la silla de las comunidades es tan pequeña, el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda nos da la razón de por qué debería ser más grande. Fals Borda entendió algo que todavía hoy cuesta aceptar: las comunidades no son floreros vacíos esperando que alguien de afuera venga a explicarles cómo es su propia vida.
Un pescador conoce el río mejor que cualquier libro, un campesino conoce su tierra mejor que cualquier mapa, una partera conoce a las familias de su vereda mejor que cualquier censo. Ese conocimiento no reemplaza al de los ingenieros, los médicos o los economistas. Pero lo completa. Sin él, falta una mitad de la historia.
Por eso Fals Borda no se limitó a recomendar que se escuchara a las comunidades. Su propuesta, la Investigación-Acción Participativa, iba más allá: que la gente del territorio participara en producir el conocimiento y, con el, en decidir su propio destino. No como invitados de una consulta, sino como parte activa de la decisión.
Ese es, en el fondo, el argumento para agrandar la silla: no es caridad ni cortesía, es que la decisión debe venir de quien conoce el territorio y lo habita. No como suele pasar: que La decisión viene de una concentración autoritaria de élites especializadas que deciden el destino de la mayoría.
¿Y qué pasó después en El Bagre?
Han pasado seis años desde que Vélez publicó su hallazgo, y esta era la pregunta con la que abrí este artículo: ¿Se ejecutó la voluntad de la mayoría? La respuesta es un tanto agridulce, hay hechos concretos: En 2024 por primera vez, una organización de base dedicada a la apicultura ejecutó directamente un proyecto financiado por el Estado, en lugar de que un contratista externo lo hiciera por ellos.
También se colocó la primera piedra de una nueva institución educativa en el municipio, financiada con recursos de Obras por Impuestos. Y en todo el departamento, la ART reporta cerca de 940 proyectos aprobados en los 24 municipios PDET de Antioquia, por más de tres billones y medio de pesos.
Son señales reales de que algo se movió. Pero son, sobre todo, ejecución: obras que se construyen, plata que se aprueba. Eso no responde todavía a la pregunta, la que de verdad mide el tamaño de la silla: Cuando una comunidad no está de acuerdo con cómo se prioriza un proyecto ¿tiene hoy más capacidad real para frenarlo? esa pregunta sigue sin una respuesta clara y ahora más confusa con la llegada de un gobierno ultraderechista.
El deber hacer
Por eso, cuando alguien nos diga que una comunidad “participó”, vale la pena indagar más. No basta con contar cuántas reuniones hubo, cuántas personas firmaron la asistencia, ni siquiera cuántas obras finalmente se construyeron. El cuestionamiento es ¿cuánto de la planeación fue voluntad expresa de la comunidad? Una pregunta que separa una participación de verdad, a una simple foto para el informe.
El tamaño de la silla importa
Llevar el Estado a los territorios no es solo abrir oficinas o construir obras, aunque esas obras importen y mejoren vidas. Es también cambiar la manera en que se toman las decisiones, y aceptar, como proponía Fals Borda, que el conocimiento de la gente vale tanto como el de cualquier experto con título, y como enseña la nueva arquitectura del poder, que una silla en la mesa solo cuenta de verdad cuando tiene poder de decisión real. Lo demás es un saludo a la bandera.
Porque escuchar está bien. Pero escuchar y después decidir como si nadie hubiera hablado deja, tarde o temprano, una democracia desquebrajada. Fractura que no se corrige con un decreto. La verdadera paz nace de una democracia justa, transparente y equitativa.
Y concluyo con un aparte del pensador Álvaro García, que, en definitiva, “la salvación de la democracia no vendrá de la mano de quienes hacen de ella un negocio político de oligarquías. El renacimiento democrático, como siempre, será una obra de la propia insurgencia democrática de la sociedad, especialmente de sus clases asiladas”.
