En el mundo y en Colombia, grupos académicos, económicos de ideas libertarios y medios de comunicación, han defendido la idea de que el mejor Estado es el que menos gasta. Sin embargo, la historia de la innovación y el desarrollo demuestra que la discusión no debería centrarse en cuánto se gasta, sino en qué se invierte y con qué resultados.
No es lo mismo destinar recursos públicos a prebendas del clientelismo o a programas sin evaluación de impacto, que invertirlos en conocimiento, talento, inversión en productos, patentes, tecnologías y empresas innovadoras. Estas últimas apuestas pueden generar, en el mediano y largo plazo, retornos significativos en productividad, crecimiento económico y bienestar social. El debate, entonces, debe orientarse hacia la calidad y la eficiencia del gasto público, no hacia su tamaño.
Muchos de los avances tecnológicos que transformaron la economía mundial fueron posibles gracias a Estados que asumieron riesgos antes de que el mercado estuviera dispuesto a hacerlo. Estados Unidos es uno de los ejemplos más representativos.
En El Estado emprendedor, Mariana Mazzucato sostiene que la crisis financiera de 2008 fortaleció una narrativa según la cual el Estado debía reducir su tamaño y limitarse a corregir las llamadas “fallas del mercado”. Esa interpretación, según la autora, desconoce el papel decisivo que ha tenido el sector público en la creación de industrias, tecnologías y mercados enteros.
El desarrollo de Internet, por ejemplo, fue posible gracias a inversiones de agencias públicas estadounidenses mucho antes de que empresas como Google y Amazon construyeran modelos de negocio alrededor de esta tecnología. Buena parte de las innovaciones que hoy asociamos con el éxito empresarial privado surgieron, en realidad, de inversiones públicas ligadas a objetivos estratégicos, científicos y tecnológicos de largo plazo.
Bajo esa premisa, cuando el Estado asume los riesgos iniciales y la incertidumbre propia de la innovación, crea condiciones para que el sector privado desarrolle productos, servicios y modelos de negocio. Las empresas suelen entrar cuando las tecnologías ya alcanzaron cierta madurez y las posibilidades de rentabilidad son más claras.
Es decir que, un Estado que entiende su papel como catalizador no se limita a intervenir cuando el mercado falla. También orienta inversiones, articula actores y crea condiciones para alcanzar propósitos colectivos. Así evita que las decisiones sobre el desarrollo económico queden subordinadas únicamente a intereses privados de corto plazo.
Mazzucato también documenta cómo distintas agencias estatales financiaron proyectos de energía solar y eólica cuando aún no existían mercados consolidados para estas tecnologías. El Estado actuó, en esos casos, como un inversionista paciente: asumió riesgos, sostuvo procesos de investigación y respaldó proyectos cuyos resultados no estaban garantizados.
Frente a este corolario, surge la pregunta, en la realidad colombiana ¿quién está pensando y financiando las tecnologías que hoy parecen demasiado costosas o riesgosas? Y cabe preguntarse también si el mercado, por sí solo, puede transformar una economía que sigue dependiendo en buena medida de la producción y exportación de materias primas.
Colombia tiene un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Para muchas de ellas, invertir de manera significativa en transición energética, inteligencia artificial, agroindustria o biotecnología resulta difícil sin acceso a financiación, conocimiento, infraestructura y acompañamiento institucional.
En ese contexto, el Estado debería asumir un papel de promotor, articulador e inversionista estratégico. No para sustituir a la empresa privada, sino para asumir parte de los riesgos iniciales, facilitar la investigación y crear condiciones para que las innovaciones puedan desarrollarse y escalar.
El problema no consiste en elegir entre un Estado austero y reducido o uno amplio e intervencionista. La cuestión central es determinar qué capacidades necesita para cumplir una función transformadora. El sector público puede asumir los riesgos que las pequeñas y medianas empresas no están en condiciones de afrontar, mientras el sector privado puede convertir los avances científicos y tecnológicos en soluciones productivas de mayor alcance.
Teniendo como partida que Colombia ocupó el puesto 71 entre 139 economías en el Índice Mundial de Innovación de 2025 y presentó un desempeño inferior en resultados de innovación frente a los recursos y capacidades disponibles.
En ese sentido, urge una conexión entre el sector académico, empresarial, centros de investigación, producción, financiación y escalamiento; capacidades nacionales y necesidades territoriales, que se traduzca en crecimiento, productividad y bienestar social. Para lograrlo, el debate público colombiano tendría que dejar de concentrarse únicamente en cuánto gasta el Estado, cuántos impuestos recauda o cuántos funcionarios tiene.
La pregunta más importante es otra: ¿está invirtiendo el Estado en aquello que puede transformar la economía del país durante los próximos veinte años?
La discusión, entonces, no debería darse en reducir o limitar al Estado. El verdadero desafío es construir instituciones capaces de identificar oportunidades estratégicas, asumir riesgos, orientar inversiones de largo plazo, austero frente a la burocracia improductiva, exigir resultados y garantizar que los beneficios de la innovación también regresen a la sociedad. Esa es una discusión de política pública que Colombia todavía tiene pendiente.
