La definición del salario mínimo de Colombia para 2027 estará entre las primeras grandes decisiones económicas de la administración de Abelardo de la Espriella. Aunque el proceso de concertación salarial todavía no ha comenzado formalmente, el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales sindicales ya abrieron una agenda de diálogo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. La primera sesión extraordinaria se realizó el pasado 1 de octubre y permitió establecer una mesa técnica y jurídica para revisar diferentes asuntos laborales.
El encuentro no definió el porcentaje de aumento ni constituyó todavía la negociación formal del salario mínimo. Sin embargo, sí dejó instalada una ruta de trabajo entre Gobierno, empleadores y trabajadores. Entre los temas que serán revisados están las disposiciones relacionadas con las plataformas digitales, el trabajo doméstico remunerado, la negociación colectiva, la tercerización y la intermediación laboral. Los sectores tienen hasta el 9 de octubre para presentar observaciones y la Comisión volverá a reunirse el 13 de octubre.
De acuerdo con el análisis de ANIF, la discusión formal deberá incorporar los principales indicadores económicos que tradicionalmente sirven como referencia para la fijación del salario mínimo, entre ellos la productividad laboral, la inflación, el crecimiento económico y las condiciones del mercado de trabajo. Posteriormente, trabajadores y empleadores presentarán sus propuestas y comenzarán las jornadas de concertación. Si no se alcanza un acuerdo antes del 15 de diciembre, las partes deberán exponer sus razones y, de persistir el desacuerdo, el Gobierno tendrá plazo hasta el 30 de diciembre para fijar el salario mediante decreto.
Uno de los principales desafíos será determinar un incremento que permita preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero que al mismo tiempo considere los efectos sobre el empleo formal, la inflación y los costos que asume el Estado. ANIF señala que el aumento del salario mínimo de 2026, que fue del 23 %, estuvo muy por encima de la inflación y la productividad, y advierte que este escenario ha estado acompañado de una mayor compresión salarial y de riesgos para la formalización laboral.
El centro de estudios también plantea que la negociación de 2027 deberá considerar el comportamiento de la informalidad y las presiones inflacionarias. Según sus análisis, la informalidad permanece alrededor del 55 % de los ocupados y el incremento del salario mínimo de 2026 habría aumentado la concentración de trabajadores alrededor de ese nivel salarial. A esto se suman las presiones sobre los costos laborales y un escenario de crecimiento económico moderado.
Otro elemento será el impacto fiscal. Un aumento del salario mínimo no solo modifica los costos de las empresas que tienen trabajadores remunerados con ese referente, sino que también tiene efectos sobre obligaciones y gastos públicos vinculados al mercado laboral y al sistema pensional. ANIF advierte que este factor adquiere mayor relevancia en un escenario de estrechez de las finanzas públicas, por lo que será uno de los elementos que deberán ponderarse durante la concertación.
Así, la primera negociación del salario mínimo bajo el Gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá como escenario una discusión en la que todavía no existe una cifra oficial de aumento. Las partes deberán poner sobre la mesa sus propuestas y confrontarlas con los datos de inflación, productividad, empleo, crecimiento y situación fiscal. El resultado definirá el ingreso mínimo de los trabajadores colombianos para 2027 y será, además, una de las primeras señales de la política económica y laboral de la nueva administración.
