NUEVA YORK.— Tras conocerse el auto emitido por la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, el presidente Gustavo Petro se pronunció de manera enérgica desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El mandatario desestimó la validez jurídica de la suspensión provisional de su cargo, calificando la medida como un procedimiento abiertamente ilegal y sugiriendo motivaciones delictivas detrás del dictamen.
El jefe de Estado aclaró ante los medios de comunicación que la resolución firmada por la congresista representa apenas una fase inicial que carece de efectos jurídicos automáticos, ya que requiere de una votación formal y posterior dentro de la célula legislativa. “No están hablando ante un presidente suspendido”, enfatizó Petro, indicando que se trata de una estrategia comunicacional orientada a generar incertidumbre política a pocos días de la segunda vuelta electoral.
“En mi opinión, y en la de muchas personas doctas en las leyes de Colombia, la Comisión de Acusaciones no es la que suspende a un presidente de la República, porque pertenece a una sola Cámara. El Congreso de Colombia es bicameral, tiene que ser el Senado. La pretensión es simplemente una pretensión que tiene que surtir todo el proceso”. — Gustavo Petro, presidente de la República.
El núcleo de la respuesta presidencial combinó argumentos de derecho constitucional con graves denuncias penales. Petro afirmó que la determinación de Arizabaleta —quien paradójicamente fue elegida por la bancada oficialista del Pacto Histórico— obedece a un presunto chantaje derivado de cuotas de poder no concedidas por el Ejecutivo, vinculando directamente las acciones de la representante con los sectores más radicales de la oposición política.
“Cuando un congresista vuelve sus peticiones ante el Ejecutivo una extorsión, ya no está en su derecho de representación, sino como criminal, cometiendo un delito”, aseveró el mandatario. Con el propósito de respaldar sus señalamientos, Petro anunció que instruirá formalmente a los miembros de su gabinete ministerial para que hagan públicas todas las solicitudes y acercamientos previos que la representante Arizabaleta realizó ante las diferentes carteras del Gobierno Nacional.
Finalmente, el presidente colombiano anticipó que las irregularidades en el debido proceso del auto de suspensión darán lugar a un escenario de litigio penal. Aseguró que la flagrante violación a las normas de competencia legal por parte del órgano instructor de la Cámara implicará el inicio de un proceso judicial formal ante la Corte Suprema de Justicia para determinar las responsabilidades a las que haya lugar.
