La Secretaría General del Senado de la República solicitó a la autoridad judicial negar las medidas cautelares que pretendían suspender el traslado temporal de la sede del Congreso a Santiago de Cali, al considerar que la decisión fue adoptada conforme a la Constitución y la ley, y que la solicitud presentada en su contra carece del soporte probatorio necesario. Así quedó consignado en el informe rendido dentro del proceso judicial, en el que el Senado respondió al requerimiento formulado por el despacho judicial.
En el documento, el Senado sostiene que el traslado fue aprobado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 140 de la Constitución Política y desarrolladas por el artículo 33 de la Ley 5 de 1992, mediante el cumplimiento de las reglas parlamentarias sobre deliberación, quórum y mayorías. En ese sentido, afirma que la decisión fue producto de una actuación bicameral adoptada dentro del marco constitucional.
El informe también argumenta que la solicitud de medidas cautelares no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), ya que, según el Senado, está sustentada principalmente en notas periodísticas, estimaciones económicas sin certificación y planteamientos generales sobre eventuales riesgos, sin demostrar una amenaza “cierta, grave, inminente y directamente imputable” a la corporación.
Asimismo, la Secretaría General sostiene que una eventual suspensión del traslado implicaría una interferencia anticipada en una decisión constitucionalmente adoptada por ambas cámaras del Congreso. El documento añade que el Senado únicamente puede responder por los actos y documentos que hacen parte de su competencia, como la proposición aprobada, el registro de votación, las certificaciones secretariales, el orden del día, las actas y las comunicaciones oficiales, mientras que la información relacionada con aspectos presupuestales, logísticos, de seguridad, contratación o gestión del riesgo corresponde a otras entidades del Estado.
Finalmente, el informe concluye que la verificación de la información requerida por los demandantes puede adelantarse durante el desarrollo del proceso mediante la práctica de pruebas, sin necesidad de suspender la decisión del Congreso. Por ello, la Secretaría General solicitó al despacho negar las medidas cautelares principal, complementaria y subsidiaria, tener por rendido el informe judicial y reconocer que no existe una conducta atribuible al Senado que justifique restringir de manera anticipada el ejercicio de sus competencias constitucionales.
