El concejal de Bogotá, Julián Uscátegui solicitó formalmente a la Contraloría de Bogotá revisar el Proyecto de Acuerdo que plantea una nueva sobretasa al impuesto predial para financiar la modernización del sistema de alumbrado público de la capital. El cabildante advirtió sobre un posible detrimento patrimonial y una eventual destinación indebida de recursos públicos, debido a que gran parte de la infraestructura que sería modernizada pertenece actualmente a un particular.
Según las cifras citadas por Uscátegui, el 97,7 % de las luminarias de Bogotá son propiedad de ENEL Colombia, mientras que apenas el 2,3 % pertenece al Distrito. El concejal recordó que esta situación se originó en el Convenio 766 de 1997 y su Acuerdo Complementario de 2002, instrumentos que, de acuerdo con una advertencia realizada por la Contraloría de Bogotá en 2021, no contemplarían una cláusula de reversión que garantice que estos activos pasen a ser propiedad del Distrito.
El proyecto contempla un recaudo cercano a los $379.000 millones, mientras que el costo estimado del servicio de alumbrado público para 2026 sería de aproximadamente $329.028 millones. De acuerdo con las cifras presentadas por el concejal, cerca del 86,81 % del recaudo cubriría el costo ordinario del servicio y alrededor de $49.972 millones, equivalentes al 13,19 %, se destinarían efectivamente a modernización.
Uscátegui cuestionó que los ciudadanos deban asumir una nueva carga tributaria para financiar un servicio que, según señaló, ya es pagado por el Distrito y para modernizar activos que continuarían siendo propiedad de un privado. “No estoy de acuerdo con que se le cobre un peso más de impuesto predial a los bogotanos, y mucho menos para financiar la modernización de una infraestructura que nunca va a revertir a la ciudad”, afirmó el cabildante.
La propuesta tendría impacto sobre aproximadamente 869.955 predios, equivalentes al 38,6 % del total de la ciudad, con una mayor participación del sector comercial, que aportaría cerca de $241.000 millones. Además, el proyecto contemplaría comprometer vigencias futuras excepcionales por aproximadamente $4,218 billones de pesos constantes de 2026 entre 2027 y 2036. Ante este escenario, Uscátegui pidió a la Contraloría evaluar la iniciativa y determinar si, en las condiciones actuales, podría configurarse un detrimento patrimonial o una destinación indebida de recursos públicos.
