La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar para verificar posibles irregularidades y sobrecostos en contratos celebrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la capacitación y acreditación de testigos electorales durante las elecciones de 2026.
La actuación está relacionada con contratos ejecutados por el CNE y la Unión Temporal Actores Electorales 2026, cuyos integrantes son LinkTic, con una participación del 95 %, y BexTechnology, con el 5 %.
De acuerdo con el organismo de control, los contratos incluyen componentes relacionados con herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación a testigos electorales.
Contraloría pide información sobre los contratos
Como parte de las primeras actuaciones, la Contraloría solicitó al CNE información detallada sobre la contratación suscrita con la Unión Temporal Actores Electorales 2026.
Entre los datos requeridos están las fechas de inicio y terminación de cada contrato, su valor, objeto, estado, interventor o supervisor y la relación de pagos efectuados. También pidió información sobre los contratos celebrados con LinkTic y BexTechnology, empresas que conforman la unión temporal.
El organismo de control busca establecer las condiciones en las que fueron celebrados y ejecutados estos contratos y determinar si existen elementos que ameriten avanzar en una investigación de mayor alcance.
La actuación se produce en un contexto de especial relevancia debido a que los contratos están relacionados con procesos de apoyo a la organización electoral de los comicios de 2026, particularmente en materia de capacitación y acreditación de testigos electorales.
La indagación no implica responsabilidad
La Contraloría General de la República enfatizó que la apertura de esta indagación preliminar no constituye una declaratoria de responsabilidad contra el CNE, la Unión Temporal Actores Electorales 2026 ni las empresas que la integran.
La actuación corresponde a una etapa de verificación en la que el organismo de control recopilará y analizará información para determinar si existieron posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
La entidad señaló que, una vez culminadas las verificaciones, dará a conocer los resultados de la actuación a la opinión pública y al país.
