El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella anunció un plan de ajuste para corregir el déficit fiscal y reorganizar las finanzas públicas, luego de presentar ante el Congreso un diagnóstico sobre el estado de las cuentas que, según el Ejecutivo, recibió de la administración anterior.
De acuerdo con las cifras expuestas por el Gobierno, el presupuesto presentado inicialmente por la administración anterior ascendía a $575,6 billones y tenía un desbalance superior a los $30 billones. El Ejecutivo también señaló que el cálculo inicial para el servicio de la deuda era de $118 billones, mientras que la obligación estimada para 2027 alcanzaría los $155,4 billones, lo que representa una diferencia de $37,4 billones. A esto se sumarían faltantes en rubros como salud, pensiones, salarios, universidades públicas y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que, según el Gobierno, llevarían el faltante total a cerca de $59 billones.
El panorama fue presentado en medio del trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo monto de $634,9 billones fue aprobado por las comisiones económicas del Congreso. La propuesta contempla una distribución de 62 % para funcionamiento, 24 % para el servicio de la deuda y 14 % para inversión pública. El Banco de la República confirmó que el proyecto ajustado asciende a $634,9 billones y representa un aumento de 14,2 % frente a la apropiación vigente para 2026.
El Gobierno también señaló que el 44 % de los recursos que el Estado prevé movilizar en 2027 provendría de endeudamiento, equivalente a cerca de $281 billones. Esta cifra corresponde a la explicación presentada por el Ejecutivo en su diagnóstico fiscal, mientras que la estructura oficial del presupuesto registra $155,4 billones destinados específicamente al servicio de la deuda.
Como primera medida para enfrentar esta situación, el Ejecutivo anunció un recorte de $21,9 billones en el gasto público. La medida estará liderada por el Ministerio de Hacienda y hace parte de una primera fase de ajuste que busca contener el gasto y reorganizar la caja del Estado.
El Gobierno anunció además que en noviembre de 2026 presentará ante el Congreso un proyecto de ley de carácter estructural que contemplaría la reducción de gastos de funcionamiento, la supresión de burocracia y la fusión o cierre de algunas carteras. Según el Ejecutivo, el propósito será liberar recursos para destinarlos a inversión productiva y generación de empleo. Por ahora, no se han definido públicamente cuáles ministerios o entidades serían modificados.
De manera paralela, el Gobierno anunció la presentación de un acto legislativo para modificar y transparentar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. La iniciativa buscaría establecer nuevas reglas para la gestión parlamentaria y hacer públicos los mecanismos de interacción entre ambas ramas del poder. El contenido definitivo del proyecto aún no ha sido divulgado.
Con estas medidas, la administración De la Espriella plantea una estrategia de ajuste fiscal que combina la reducción inmediata del gasto con una eventual reorganización de la estructura estatal. El alcance definitivo de las reformas dependerá de los proyectos que sean presentados y del trámite que surtan en el Congreso.
