El Centro Democrático presentó un proyecto de acto legislativo que busca establecer una revisión automática de las sentencias sancionatorias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra integrantes de la Fuerza Pública. La iniciativa pretende modificar el artículo 21 del título transitorio de la Constitución, incorporado mediante el Acto Legislativo 01 de 2017.
De acuerdo con la propuesta, los militares y policías sancionados por la JEP no tendrían que solicitar individualmente la revisión de sus decisiones. El mecanismo se aplicaría de manera automática, con el argumento de garantizar las mismas condiciones de revisión a todos los miembros de la Fuerza Pública, independientemente de sus posibilidades económicas o de las particularidades de su defensa.
El proyecto plantea que la revisión esté a cargo del Tribunal Superior Militar y Policial, que tendría la facultad de confirmar, modificar o revocar las decisiones adoptadas por la JEP, tomando como referencia el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Operacional y las garantías establecidas en la Constitución.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que una eventual modificación de la decisión no podría agravar la situación jurídica del sancionado. El proyecto plantea así la aplicación del principio de no reformatio in pejus, según el cual la decisión de una instancia revisora no puede empeorar la situación de quien recurre o es objeto de revisión.
Los autores de la iniciativa sostienen que el mecanismo permitiría que las decisiones de la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública sean examinadas por jueces con conocimiento especializado en Derecho Operacional. El Centro Democrático ha incluido esta propuesta dentro de su agenda legislativa para 2026.
La propuesta es promovida, entre otros congresistas, por los senadores Juan Fernando Caicedo, Rafael Nieto Loaiza, Claudia Margarita Zuleta y Zandra María Bernal, quienes aparecen como autores de la iniciativa registrada en Congreso Visible.
El proyecto se conoce en medio de un debate más amplio en el Congreso sobre el futuro y funcionamiento de la JEP. En los últimos días también han sido planteadas otras iniciativas relacionadas con el presupuesto de la jurisdicción y con su periodo de funcionamiento.
La propuesta de revisión automática también ha generado cuestionamientos desde sectores que defienden la autonomía de la JEP. La propia jurisdicción ha señalado que trasladar la revisión de sus sentencias a la justicia penal militar modificaría las competencias establecidas para el sistema de justicia transicional.
El proyecto deberá surtir ahora el trámite correspondiente en el Congreso de la República. Su eventual aprobación requeriría modificar el marco constitucional que regula el funcionamiento de la JEP y las competencias relacionadas con las decisiones adoptadas dentro de la justicia transicional.
