El Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia restituir, en un plazo de 48 horas, la totalidad de las piezas retiradas de las salas de exhibición el 15 de octubre de 2026. La decisión se produjo al resolver varias acciones de tutela que cuestionaron la salida de elementos relacionados con la memoria política del país, los movimientos sociales, las reivindicaciones feministas y los derechos de la población LGBTIQ+.
La sentencia, emitida por el juez César Enrique Osorio Ortiz, resolvió de manera conjunta 15 acciones de tutela, entre ellas la presentada por el congresista Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, y varios ciudadanos. En el fallo, el despacho amparó los derechos fundamentales a la libertad de expresión, el acceso a la cultura, la educación y la memoria histórica.
La orden establece que las entidades deben devolver las piezas a sus respectivos espacios de exhibición y garantizar las condiciones técnicas necesarias para su conservación. Además, dispone que permanezcan expuestas mientras se adelanta la evaluación técnica y curatorial correspondiente, con la participación de las instancias institucionales competentes.
Juez advierte restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la cultura
En su decisión, el juez concluyó que el retiro de las piezas restringió injustificadamente la libertad de expresión en su dimensión receptora y el derecho de acceso a la cultura, debido a que las entidades accionadas no acreditaron razones técnicas, curatoriales o de conservación que justificaran la medida.
El fallo también precisa que las autoridades tienen la facultad de modificar las exposiciones de los museos, pero no pueden excluir manifestaciones culturales del acceso público únicamente por desacuerdos con su contenido ideológico o político.
“Lo que resulta contrario a la Constitución es que se excluyan manifestaciones culturales del acceso público por razones relacionadas exclusivamente con su contenido ideológico o político, sin una justificación objetiva que permita establecer la legitimidad de la medida”, señaló el juez.
La providencia establece que la evaluación posterior de las piezas deberá respetar criterios de protección de la memoria histórica, enfoque diferencial y de género, pluralismo, igualdad y prohibición de censura.
¿Qué piezas deberán regresar al Museo Nacional?
La controversia se originó por el retiro de objetos de distintas salas del Museo Nacional, entre ellos elementos vinculados con la diversidad sexual, las luchas feministas, los movimientos sociales y la historia política colombiana.
Entre las piezas mencionadas en las acciones de tutela se encuentran una bandera del orgullo relacionada con la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la marcha LGBTI de 2006, objetos vinculados con la Fundación Sí Mujer y afiches de las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.
También se incluyeron elementos relacionados con la Séptima Papeleta y el proceso de paz de 2016, referentes a momentos relevantes de la historia política y social del país.
Durante el trámite judicial, el Ministerio de las Culturas informó que se habían retirado 22 piezas, las cuales permanecían inventariadas y bajo custodia en las reservas del Museo Nacional. La entidad sostuvo que la decisión respondía a una instrucción presidencial y a un proceso de evaluación y rediseño museográfico.
Sin embargo, el juez determinó que las actas aportadas al proceso documentaban el traslado de los objetos, pero no explicaban las razones que justificaban su retiro ni acreditaban una evaluación curatorial previa. Tampoco se presentó un acta del Comité de Gestión Patrimonial del Museo Nacional que demostrara el estudio y la aprobación de la medida.
Las piezas deberán permanecer expuestas mientras avanza la evaluación
La decisión judicial ordena restituir la totalidad de los elementos retirados el 15 de octubre y mantenerlos en sus espacios de exhibición mientras el Ministerio y el Museo adelantan la evaluación técnica y curatorial correspondiente, de acuerdo con los procedimientos institucionales aplicables.
El fallo también contempla la intervención del Comité de Gestión Patrimonial del Museo Nacional, dentro de sus competencias, para que el proceso se desarrolle con criterios técnicos y respeto por los derechos fundamentales protegidos.
Con esta decisión, la controversia sobre las piezas retiradas del Museo Nacional pasa al terreno del cumplimiento judicial. Las entidades deberán acatar la orden dentro del plazo establecido, mientras avanzan las evaluaciones que determinarán el tratamiento curatorial de los elementos involucrados.
