El Gobierno nacional radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa con la que busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y promover el crecimiento económico. La propuesta fue presentada el 29 de octubre y quedó registrada como el Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara. Sin embargo, todavía es un proyecto que debe surtir su trámite legislativo y no una ley vigente.
La iniciativa combina medidas de austeridad y reorganización del Estado con cambios tributarios dirigidos a hogares y empresas. Según el Ministerio de Hacienda, el propósito es enfrentar el déficit fiscal, mejorar la eficiencia del gasto y proteger a la población de menores ingresos. Entre sus principales propuestas están reducir el gasto en contratos de prestación de servicios, revisar transferencias y fondos públicos, devolver el IVA a hogares focalizados y disminuir gradualmente la tarifa general del impuesto de renta para las sociedades.
Recortes al gasto y reorganización del Estado
Uno de los ejes del proyecto es la reducción del tamaño y los costos de funcionamiento del Estado. El Gobierno propone disminuir en un 50 % el gasto en contratos de prestación de servicios durante 2027 y limitar su crecimiento posterior a la inflación. También plantea restricciones para las compras de bienes y servicios, medidas de austeridad en gastos operativos y una revisión de las partidas presupuestales para identificar duplicidades o gastos que considere ineficientes.
El articulado también contempla límites al gasto de personal de las entidades públicas y cambios en la administración de recursos. Según el material divulgado por el Gobierno, se revisarán más de 250 transferencias y se aprovecharán excedentes de liquidez de fondos públicos, con excepciones para recursos destinados a salud y pensiones. Además, la iniciativa incluye medidas para facilitar la venta de activos estatales considerados improductivos. El alcance de estos cambios dependerá del texto aprobado por el Congreso y de su eventual reglamentación.
Devolución del IVA: ¿quiénes recibirían el dinero?
La devolución del impuesto al valor agregado (IVA) es uno de los componentes centrales de la propuesta. El Gobierno plantea crear un mecanismo para reintegrar a los hogares de menores ingresos parte o la totalidad del IVA pagado por sus compras, con el objetivo de compensar el efecto que tendría la ampliación de los bienes y servicios gravados.
De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Hacienda, alrededor de 19 millones de personas podrían recibir una devolución del 100 % del IVA que efectivamente paguen, mientras que otros grupos de población vulnerable accederían a devoluciones parciales. El mecanismo se apoyaría en la factura electrónica y en los sistemas de focalización del gasto social.
La medida está prevista para comenzar en enero de 2028. El Gobierno también anunció un giro anticipado, a más tardar el 20 de diciembre de 2027. Las cifras divulgadas sobre el monto de la devolución varían según la forma de cálculo y el grupo beneficiario; por ello, los valores definitivos dependerán de lo que establezca el articulado aprobado y de las condiciones de implementación.
¿Qué cambiaría para las empresas?
En materia empresarial, el proyecto propone reducir la tarifa general del impuesto de renta de las sociedades al 33 % para 2027 y al 31 % desde 2028. También incorpora un incentivo denominado RUGE, dirigido a promover grandes inversiones en Colombia y la generación de empleo, con tarifas especiales para determinadas inversiones realizadas entre 2027 y 2029, de acuerdo con las condiciones planteadas por el Gobierno.
La iniciativa también busca modificar el tratamiento tributario de las compras realizadas en plataformas internacionales de comercio electrónico. La propuesta contempla que las compras paguen IVA sin importar su valor, incluidas las operaciones inferiores a los 200 dólares. Según el Gobierno, el objetivo es reducir las diferencias tributarias frente a los comercios nacionales y fortalecer la producción local. No obstante, el impacto final dependerá de las condiciones que queden establecidas en el texto definitivo.
¿Qué falta para que entre en vigencia?
Aunque el Gobierno presenta la iniciativa como una estrategia para ordenar las finanzas públicas y proteger a los hogares vulnerables, sus medidas aún están sujetas a discusión y posibles modificaciones durante el trámite legislativo. Por ahora, no es correcto afirmar que los recortes, las devoluciones del IVA o las reducciones del impuesto de renta ya estén vigentes.
El debate en el Congreso será determinante para definir el alcance de la reforma, sus fuentes de financiación y los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios de las devoluciones. También permitirá precisar cómo se aplicarán los recortes presupuestales y los incentivos empresariales. Hasta que concluya ese proceso, las cifras y los beneficios anunciados deben entenderse como parte de la propuesta gubernamental.
