El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó suspender provisionalmente la intervención administrativa de Coosalud EPS y restablecer su administración a Jaime González Montaño y Natalia Largo González, quienes ejercían funciones directivas antes de la toma de posesión por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. La decisión judicial cuestiona los resultados de una medida adoptada en noviembre de 2024, durante el Gobierno de Gustavo Petro, y prorrogada posteriormente por la autoridad de vigilancia.
La determinación se fundamentó en informes de organismos de control, entre ellos la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Según los elementos considerados por el Tribunal, durante la intervención persistieron o se agravaron dificultades financieras, administrativas y asistenciales, mientras aumentaron las peticiones, quejas y reclamos (PQR), las tutelas y los desacatos relacionados con la prestación de los servicios de salud.
En el análisis judicial también se cuestionó la efectividad del plan de acción implementado para corregir las dificultades de la entidad. El despacho señaló que, aunque la intervención buscaba solucionar problemas económicos y administrativos y garantizar la continuidad de la EPS, las medidas adoptadas no habían mostrado resultados satisfactorios. Los hallazgos se relacionan, además, con las dificultades reportadas en la entrega de medicamentos y la rotación de los agentes interventores.
Procuraduría advirtió deterioro en la prestación del servicio
Los informes de los organismos de control tuvieron un papel relevante en la decisión. De acuerdo con lo expuesto en el fallo, la Procuraduría encontró que la intervención no había alcanzado los objetivos para los cuales fue decretada y advirtió un deterioro de indicadores vinculados con la atención en salud, la estabilidad financiera y el cumplimiento de órdenes judiciales.
Estos cuestionamientos ponen en el centro del debate la efectividad de las intervenciones administrativas como mecanismo para corregir las dificultades de las EPS. En el caso de Coosalud, el Tribunal consideró que la prolongación de la medida no había permitido alcanzar los resultados esperados y que las condiciones documentadas justificaban adoptar una decisión judicial provisional.
Una nueva disputa por el control de Coosalud
La decisión se produce en medio de un proceso judicial que ha tenido varios giros durante 2026. En abril, el Tribunal había ordenado suspender los efectos de las resoluciones mediante las cuales la Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión de la EPS y prorrogó la intervención. Sin embargo, en mayo, el mismo tribunal revocó esa medida cautelar y ordenó restituir la administración a la Supersalud.
El nuevo pronunciamiento vuelve a poner en discusión quién debe administrar la entidad y cuáles han sido los resultados de la intervención estatal. La orden de suspender provisionalmente la medida y restablecer la administración a sus anteriores responsables no equivale, por sí sola, a una sentencia definitiva sobre la legalidad de todas las actuaciones de la Superintendencia.
Por ahora, el caso mantiene la atención sobre las condiciones financieras y asistenciales de Coosalud y las consecuencias que los cambios administrativos pueden tener para sus afiliados. El desarrollo del proceso judicial y el cumplimiento de las órdenes determinarán cómo se concreta la transición y qué medidas se adoptarán para garantizar la continuidad de los servicios de salud.
