Este 10 de noviembre se cumplen tres meses del terremoto de magnitud 7,4 que, según el balance suministrado, sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y dejó una de las emergencias más graves de las últimas décadas. De acuerdo con las cifras atribuidas a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el desastre ha dejado 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 103 desaparecidas.
El movimiento telúrico habría tenido su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en Chocó, a las 7:34 de la mañana. La magnitud reportada y su alcance geográfico ocasionaron daños en distintas zonas del occidente y centro del país, con afectaciones en poblaciones del Eje Cafetero, Valle del Cauca, Chocó y otros territorios cercanos al área de influencia del sismo.
Según el balance citado de la UNGRD, la emergencia se extendió a 500 municipios de 16 departamentos. Miles de familias continúan afrontando las consecuencias de la pérdida de sus viviendas, bienes y medios de subsistencia, mientras las autoridades avanzan en las labores de atención, recuperación y reconstrucción.
Uno de los impactos más significativos se registra en el sector habitacional. El reporte señala que 243.409 viviendas resultaron afectadas: 36.478 quedaron completamente destruidas y otras 206.931 presentan diferentes niveles de averías estructurales. La recuperación de la infraestructura residencial se mantiene, así, como uno de los principales desafíos para las autoridades nacionales y territoriales.
La dimensión social de la tragedia también se refleja en el Registro Único de Damnificados (RUD), que, de acuerdo con las cifras suministradas, identifica a 303.934 familias damnificadas, equivalentes a 486.917 personas. La consolidación de este registro depende de la información reportada por alcaldías, gobernaciones y entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
A tres meses del terremoto, la recuperación sigue siendo uno de los principales retos para el país. La reconstrucción de las viviendas, la reactivación económica de las comunidades afectadas y la atención integral a quienes perdieron sus hogares y fuentes de ingreso requieren coordinación institucional y seguimiento a los recursos destinados para atender la emergencia.
