Octubre 7 de 2026. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó este martes 6 de octubre el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), desde los centros de reclusión militar donde permanecían hacia el complejo carcelario La Picota, en Bogotá.
La decisión quedó consignada en la Resolución 008041 de 2026, firmada por el director general del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez. El documento señala que la entidad tiene facultades para disponer el traslado de personas privadas de la libertad y sustenta la medida en razones relacionadas con la seguridad de los internos y del establecimiento penitenciario.
López permanecía recluido en el Cantón Caldas, mientras que Pinilla se encontraba en la Escuela de Artillería. Con la decisión, ambos pasan a un establecimiento penitenciario de alta seguridad y continuarán privados de la libertad mientras avanzan los procesos relacionados con el caso de la UNGRD.
El traslado genera una controversia jurídica
La medida también provocó una reacción de la defensa de Sneyder Pinilla. Su abogado, Gustavo Moreno, solicitó dejar sin efectos la decisión del Inpec y sostuvo que existiría una orden judicial vigente que establece que su representado debe permanecer en un centro de reclusión militar.
La defensa argumentó además que Pinilla mantiene una condición de colaborador de la justicia y que las garantías asociadas a esa colaboración deben ser preservadas, especialmente frente a las condiciones de seguridad de su lugar de reclusión.
El traslado, por tanto, deja abierto un nuevo frente jurídico que deberá resolverse frente al alcance de las decisiones judiciales previamente adoptadas y las facultades administrativas del Inpec.
López y Pinilla, piezas centrales del caso UNGRD
Olmedo López, quien fue director de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, quien ocupó el cargo de subdirector para el Manejo de Desastres, se convirtieron en figuras centrales de las investigaciones por las presuntas irregularidades en la contratación de la entidad.
En el caso de López, un juez prorrogó en agosto de 2026 por un año el principio de oportunidad, lo que le permite continuar colaborando con la justicia como testigo dentro de los procesos relacionados con el entramado de corrupción investigado en la UNGRD.
Pinilla también obtuvo en agosto una prórroga de un año de su principio de oportunidad y continúa aportando información a las investigaciones que adelanta la Fiscalía.
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El caso tiene además un componente disciplinario. La Procuraduría confirmó en 2025 sanciones de destitución e inhabilidad general por 18 años para Olmedo López y 20 años para Sneyder Pinilla, relacionadas con el pago de sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques destinados a La Guajira. Según el organismo de control, los pagos superaron los $16.000 millones por encima de los precios de referencia del mercado.
La Procuraduría también mantiene abiertas otras actuaciones relacionadas con la gestión de los exdirectivos. En julio de 2026 abrió una investigación disciplinaria por un contrato de aproximadamente $5.000 millones relacionado con la atención de la emergencia ocasionada por el fenómeno de La Niña en 2022.
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Así, el traslado a La Picota no modifica su condición de colaboradores dentro de las investigaciones, pero sí cambia el lugar desde el cual deberán continuar cumpliendo las disposiciones judiciales y penitenciarias mientras avanzan los diferentes procesos en su contra.
