El presidente Abelardo de la Espriella anunció el cierre de los procesos de diálogo y los espacios sociojurídicos que habían sido establecidos durante el Gobierno anterior con estructuras criminales y organizaciones armadas ilegales.
A través de un pronunciamiento, el mandatario aseguró que la decisión se tomó durante el primer mes de su administración y sostuvo que su Gobierno cumplió la promesa de modificar el enfoque frente a las organizaciones criminales.
De acuerdo con De la Espriella, durante los cuatro años anteriores se destinaron más de $7.000 millones en honorarios para voceros, representantes y negociadores vinculados a estos procesos. El presidente cuestionó los resultados de esa política y afirmó que, mientras se desarrollaban los diálogos, las estructuras criminales continuaron fortaleciéndose y enfrentando al Estado.
“El mensaje es inequívoco”, señaló el mandatario, al plantear que los integrantes de estas organizaciones tendrán como alternativa el sometimiento a la justicia o enfrentar la acción legítima del Estado. En ese sentido, afirmó que durante su administración los grupos criminales no contarán con estatus político ni con espacios de negociación que impliquen impunidad.
El anuncio representa un cambio frente a la política de diálogo implementada por el Gobierno anterior, al priorizar, según lo expresado por el presidente, la seguridad, la autoridad y la aplicación de la justicia como ejes para enfrentar a las estructuras armadas y criminales.
De la Espriella sostuvo que la paz debe construirse mediante el fortalecimiento de la seguridad y el Estado de derecho. “La paz verdadera se construye con seguridad, autoridad y justicia”, afirmó el jefe de Estado al comunicar el cierre de estos procesos.
